PP y VOX se adelantan en Andalucía y lanzan un plan de desregulación con 461 medidas

El Plan de Calidad y Simplificación Normativa ya es una realidad en la Junta de Andalucía. El documento, que aglutina todas las medidas en materia de desregulación que se prevén aplicar en la Comunidad fruto del pacto de gobierno entre el PP-VOX mediante la revisión de 461 normas y casi mil procedimientos, se firmó hace unas pocas semanas, el pasado 30 de septiembre, mientras que en Castilla y León aún no hay noticias a pesar de que también está previsto actuar en la materia, principal motivo para la creación de una consejería de Desregulación, área de gobierno que comparte cartera con Familia y Ayudas Sociales.

Según señalan a este periódico desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales que dirige el vicepresidente primero de la Junta y líder de VOX en la Comunidad, Carlos Pollán, el pacto de desregulación será una realidad en Castilla y León en algún momento, aunque todavía no se ha terminado de concretar.

Señalan desde el departamento de Pollán, en este sentido, que el resultado final no tiene por que ser similar a lo que ya ha cristalizado en Extremadura y Andalucía. «Se estudiará la mejor manera para aplicar la desregulación en el caso específico de Castilla y León», aseguran, con lo que dejan claro que aún no se ha determinado la fórmula definitiva.

En todo caso, desde el departamento de Pollán también apostillan que en lo relacionado con la desregulación y el alivio de las cargas burocráticas «todo se circunscribe al pacto de gobierno y los puntos vinculados a la simplificación y desregulación».

«Se trabaja y se analizan acciones y medidas para aplicar la simplificación administrativa, la reducción de burocracia a través de la desregulación en Castilla y León», detallan en este sentido, y en cuanto a los avances que se han realizado desde la Consejería aseguran que «tanto el vicepresidente como el director general de Desregulación llevan desde el comienzo de legislatura trabajando y manteniendo reuniones y encuentros en la materia, al ser una de las prioridades de la Consejería».

Pero no solo es una prioridad para el departamento de Pollán, sino también para VOX, ya que de otro modo no se entendería que en todos los pactos de gobierno suscritos con el PP tras la última oleada de elecciones autonómicas se le diera importancia a esta cuestión hasta el punto que alguna de las áreas de gobierno en manos de los miembros del partido de Abascal incluye esta denominación.

En todo caso, de lo que no se puede hablar todavía es de plazos, puesto que todavía se está realizando el trabajo previo que pasa por las reuniones que están manteniendo Pollán y el director general de Desregulación, Jesús Jiménez Miguel.

Por parte de la Junta de Andalucía, el Plan de Calidad y Simplificación Normativa aprobado el pasado 30 de septiembre se trata de un documento amplio que revisará nada menos que 461 normas y cerca de un millar de procedimientos con el objetivo de acortar plazos, documentación y requisitos. En este caso, el documento nace con una vigencia prevista de dos años y será revisado con datos. Al final de este periodo se conocerán, igualmente, aquellos procedimientos que se hayan conseguido simplificar desde el punto de vista administrativo.

Según publicaban medios andaluces el día de su aprobación, el plan tiene como objetivo abordar el análisis de 461 normas para tratar de depurarlas, así como 377 procedimientos para revisar su tramitación y el silencio administrativo de otros casi 950.

Cabe esperar, por tanto, que sea algo similar lo que se lleve a cabo en Castilla y León, aunque también cabe la posibilidad de que la fórmula elegida para la Comunidad sea más parecida a la que se ejecuta en Extremadura. En este segundo ejemplo, la opción que finalmente se lleva a cabo pasa por una estrategia de desregulación administrativa que arrancó eliminando la obligatoriedad de la cita previa en aquellos servicios donde todavía se mantiene y donde no resulte imprescindible por razones técnicas u organizativas, según señalaba el Ejecutivo extremeño el pasado mes de agosto.

Ante este escenario, y a la vista de los paralelismos que presentan los acuerdos de gobierno suscritos por PP y VOX en las comunidades autónomas que desde este año y finales de 2025 gobiernan en coalición, es de esperar que en Castilla y León se sigan los itinerarios ya definidos. Al fin y al cabo, no solo los pactos son similares e incluso idénticos en algunos apartados, sino que algunas de las políticas puestas en marcha y derivadas de ellos también presentan puntos en común.

También conviene señalar que, en este caso, Andalucía ha ‘adelantado’ a Castilla y León en lo que a medidas de desregulación se refiere, principalmente porque el acuerdo de gobierno firmado por Pollán y el presidente del Ejecutivo castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, fue anterior al pacto andaluz, el cual sí se ha desarrollado con profundidad en lo relativo a la simplificación administrativa.

El I Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la Administración de la Junta de Andalucía, publicado desde el pasado 30 de septiembre en la web del Ejecutivo que encabeza el ‘popular’ Juanma Moreno, detalla las cinco medidas y las doce actuaciones bajo las que se englobará todo el trabajo de desregulación a realizar en los próximos dos años.

REDUCCIÓN NORMATIVA

Como primera medida, el documento aprobado por PP y VOX apuesta por la «reducción del número de normas» ya que «la acumulación normativa genera complejidad y dificulta la seguridad jurídica, por lo que resulta establecer mecanismos sistemáticos para depurar el ordenamiento, eliminando disposiciones obsoletas o redundantes y garantizando que las nuevas normas incorporen cláusulas derogatorias completas que eviten la dispersión normativa».

En este punto se contemplan dos actuaciones. Por un lado, la «elaboración de recomendaciones o directrices sobre cómo efectuar derogaciones» y, por otro, la «derogación de normas sin efecto» con el objetivo de «depurar el ordenamiento jurídico autonómico [...] con el fin de reducir el volumen normativo y mejorar su coherencia».

BUENA REGULACIÓN

La segunda medida que contempla la Junta de Andalucía pasa por la «adaptación de las normas a los principios de buena regulación», puesto que el plan considera que «la calidad normativa exige que cada disposición observe los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, evitando cargas innecesarias para la ciudadanía y las empresas».

En este apartado, las actuaciones que se prevén son, en primer lugar, un «análisis de buenas prácticas en materia de evaluación normativa», a lo que se añade la «revisión y actualización de la actual Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, incorporando aquellas mejoras que permitan dotar de una mayor precisión técnica y operativa a su contenido y facilitar una adecuada aplicación por el personal de los órganos directivos».

SIMPLIFICACIÓN

Como tercera medida, el I Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la Administración de la Junta de Andalucía incluye la «consolidación y simplificación de la normativa vigente», ya que el documento considera que «la simplificación normativa no se limita a la reducción de textos, sino que requiere garantizar la accesibilidad y coherencia del marco regulatorio». «Por ello», continúa, «resulta prioritario consolidar las disposiciones vigentes, mejorar la usabilidad de los sistemas de consulta y, cuando sea necesario, agrupar normas dispersas mediante la elaboración de textos refundidos».

En este apartado se contemplan tres actuaciones. La primera, elaborar un «inventario normativo plenamente integrado» que, según se prevé, «contribuirá a disponer de una visión homogénea del corpus normativo». En segundo lugar se contempla también la «revisión del régimen de silencio administrativo en la normativa vigente cuyo sentido sea desestimatorio», mientras que la tercera actuación pasa por la «elaboración y difusión de una Guía de lenguaje claro y accesible para la Administración de la Junta de Andalucía» y el «impulso de la formación en lenguaje claro».

REDISEÑO DE PROCEDIMIENTOS

En lo que se refiere a la cuarta medida del plan, pasa por el «rediseño funcional de los procedimientos», debido a que «la mejora normativa debe trasladarse a la práctica administrativa, simplificando los procedimientos que afectan a la ciudadanía y a las empresas». «Esto implica», añade el documento, «reducir pasos y requisitos, acortar plazos y asegurar la tramitación electrónica integral, aplicando criterios de racionalización y eficiencia en los procesos seleccionados».

La primera de la actuaciones aquí contempladas tiene que ver con la «revisión de los procedimientos incluidos en el Catálogo de Procedimientos y Servicios con el objetivo de garantizar que la información disponible sea permanente y actualizada sobre los procedimientos administrativos y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de la legislación del procedimiento administrativo común».

En segundo lugar, la Junta de Andalucía plantea la «revisión por cada Consejería de procedimientos para su rediseño, conforme a los siguientes criterios de simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas: reducción de los términos y plazos en la medida que sea posible, manteniendo todas las garantías necesarias; la orientación a la ciudadanía; el fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones; y la revisión de la necesidad de informes preceptivos y facultativos».

MEJORA CONTINUA

Finalmente, la última de las medidas que contempla el plan de desregulación aprobado en Andalucía consiste en la «mejora continua de la calidad regulatoria» y que considera que «exige consolidad herramientas que permitan fortalecer la coherencia, claridad y calidad técnica del ordenamiento jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía y de los procedimientos administrativos asociados a la norma».

En este caso, la primera de las actuaciones prevista es la «elaboración y difusión de unas Instrucciones de técnica normativa que refuercen la calidad formal de las disposiciones, homogeneicen criterios y proporcionen orientaciones claras para la redacción de disposiciones normativas». En segundo lugar, está contemplada la «elaboración y difusión de una Guía metodológica de diseño de procedimientos»; mientras que la tercera actuación consiste en la «elaboración y difusión de unas Instrucciones para la elaboración de disposiciones normativas aplicables a toda la Administración de la Junta de Andalucía».

Sobre esto último, el documento asegura que la finalidad de esas instrucciones es «homogeneizar los criterios de estructuración y tramitación de las disposiciones de carácter general, proporcionando a los órganos de la Administración una guía clara y sistemática que asegure la calidad del ordenamiento jurídico».