Castilla y León reclama al Gobierno 225 millones de la financiación autonómica de 2024

Castilla y León reclama 225,4 millones de euros al Gobierno de España por la financiación autonómica del ejercicio de 2024. La Junta entiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe entregar a la Comunidad 225 millones del modelo de financiación de hace dos años: "Hay cuantías en las que nosotros nos participamos, que son decisiones de normativa de ámbito nacional, en las cuales no entramos a valorar ni el ámbito potencial, ni la bondad de la normativa, pero sí el impacto que tiene para las cuentas públicas". Así, la Junta sostiene que decisiones del Gobierno afectan a Castilla y León, ya sea porque tiene menores ingresos o porque tiene más gastos.

Así lo reflejó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y explicó que "la cantidad real y definitiva" del modelo de financiación se calcula dos años después. Así, se anticipa a las comunidades autónomas el "98% de las cantidades correspondientes a las entregas a cuenta" y se reserva un 2%: "Dos años después se procede a incorporar esta cantidad que casi siempre es positiva con esa reserva del 2%". El Gobierno autonómico entiende que "la cantidad definitiva no incorpora 225 millones" que, según su criterio, sí le corresponde a Castilla y León. El también portavoz autonómico sostiene que ese dinero sale de "decisiones establecidas en el ámbito nacional": "Que nos afectan y que nosotros no hemos tomado, pero sí tenemos que pagar"

De este modo, la Junta sostiene que el Gobierno le debe dinero debido al "principio de lealtad institucional": "Si el pago se produce con una distancia larga en el tiempo, lógicamente el volumen de los intereses se va incrementando". El Ejecutivo sostiene que se le adeudan esos 225 millones por las siguientes cuestiones: la rebaja del IVA, un total de 162,4 millones de euros, de los que 99,49 millones corresponden a la menor recaudación de IVA; 28,74 millones de euros a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales; 19,03 millones a la minoración del Fondo de suficiencia global y 15,14 millones de euros a la minoración del Fondo de cooperación. Asimismo, por la rebaja del IEE (impuesto especial de electricidad): un total de 63,01 millones de euros, de los que 62,02 millones corresponden a la menor recaudación del IEE y 0,99 millones a la minoración de la transferencia del Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.

Por todo ello el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la Consejería de Economía y Hacienda a realizar un requerimiento, previo a la vía judicial: "Este requerimiento es una muestra de nuestra voluntad de intentar un acuerdo previo a la vía judicial", apuntaba el portavoz autonómico y sostenía que el documento estará listo "en unos días".

Así, también recordó que no es la primera vez que la Junta inicia este tipo de trámites. Carriedo indicó que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la anterior demanda de la Junta de Castilla y León: "No ha entrado todavía en el fondo del asunto, pero sí ha admitido a trámite las demandas que hemos hecho". El portavoz sostuvo que "en los últimos años" ha tenido que actuar de este modo el Gobierno autonómico ha tenido que reclamar dinero al Ejecutivo de Sánchez. En primer lugar se debe remitir formalmente al Ministerio de Hacienda dicho requerimiento que ya prepara la Junta de Castilla y León. En caso de no obtener respuesta, acudirá a los tribunales.

Así, el último fin del requerimiento es "anular la liquidación definitiva del sistema de financiación del ejercicio 2024 practicando una nueva liquidación sustitutiva de la anterior que recoja la compensación que corresponde a Castilla y León por importe de 225,4 millones más los interese legales correspondientes", según recoge la nota de prensa. 

Fernández Carriedo fue preguntado por la posibilidad de que se produzca un nuevo Gobierno tras el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre y sea un nuevo Ejecutivo el que deba hacer frente a este requerimiento: "Nosotros no estamos pensando qué Gobierno tiene que resolver, si no defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, que creemos que en este caso están afectado en este importe.