Los desahucios caen a la mitad y Castilla y León se mantiene entre las regiones con menor tasa

Mucho barullo en España estos últimos días con el caso de la madrileña Maricarmen, una anciana desahuciada en pleno centro de Madrid. Una reata de políticos olvidados aprovechan para hacerse ver ante sus potenciales votantes. Calientan motores. Quieren trasladan a la opinión pública que el problema de la vivienda está en los desahucios, pero las estadísticas demuestran que los lanzamientos, lejos de aumentar, se han reducido en toda España en los últimos cinco años.

En el caso de Castilla y León, hubo casi la mitad de desahucios en 2025 que en 2021, y mucho menos de la mitad en el primer trimestre del año en curso, 2026, que en el primer trimestre del año anterior, 2025. Si hablamos de tasa de desahucios por cada 100.000 habitantes, que aporta una ‘foto’ más concreta de la situación, bajó de 68 a 36,5 en la Comunidad en el mismo lustro, y cayó más de la mitad si nos referimos a la variación interanual del primer trimestre, de 11 a 4,7. Se sitúa entre las siete regiones con menor tasa.

Todo sea, parece rezar el argumentario de algunas formaciones políticas, para que el problema del acceso a la vivienda no se achaque a la Ley de Arredamientos Urbanos, al tope de alquiler en zonas tensionadas o a cualquier otra decisión impulsada por el Gobierno de España. Sin embargo «el caso de Maricarmen es muy específico. No se deriva de la Ley actual sino de una renta antigua, una situación irregular en la que estaba desde hacía décadas» explica, en respuesta a este periódico, el director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, Óscar Rodríguez. «Ese no es el problema real de la vivienda que tiene hoy España. El problema real hoy es la desprotección de la ley a los propietarios, a los impedimentos para desahuciar a personas económicamente vulnerables o a los inquiocupas».

Precisamente algunas de las tasas más altas de desahucios en el primer trimestre de 2026 están en las zonas donde han topado los precios del alquiler por considerarse ‘zonas tensionadas’ según la Ley de Arrendamientos Urbanos promovida por la coalición de Gobierno de Sánchez. Así, Cataluña es la que registró mayor tasa de desahucios en 2025, con 83,6 por cada 100.000 habitantes.

En el panorama general, los desahucios se han reducido de forma muy significativa en todo el panorama nacional. Muchos creen que, gracias a los decretos-ley anti desahucios que ha ido encadenando el Gobierno, no se han producido lanzamientos en España, pero lo cierto es que en 2021 salieron por orden judicial, de las casas donde residían, 41.359 familias. En 2025 el número bajó a 24.540. Supone una merma de más del 40%.

Más merma se anotó aún en ese tiempo Castilla y León, ya que pasar de 1.629 a 875 supone una caída del 46,3%. La Comunidad ha permanecido muy por debajo de la media nacional en tasa de lanzamientos, ya que mientras España bajó de 87,2 a 50 casos por cada 100.000 habitantes, Castilla y León lo hizo de 68 a 36,5.

La caída se registró también en todas las provincias de la Comunidad. En Ávila hubo 135 desahucios en 2021 y bajaron a 46 en 2025; Burgos bajó de 348 a 151; León, de 503 a 243; Palencia, de 85 a 54; Salamanca, de 133 a 59; Segovia, de 74 a 54; Soria, de 39 a 23; Valladolid, de 265 a 185, y Zamora es la única provincia que registra una subida en el periodo, de 47 a 60, si bien en su caso los lanzamientos habían subido a 76 en 2022 y bajado a 32 en 2024. Eso sí, en todas las provincias se aprecia la entrada en vigor de las leyes antidesahucios derivadas de la pandemia del Covid, ya que la Comunidad bajó del listón de los 2.000 desahucios al año en 2020 (2.239 en 2019, llegó a haber 2.798 en 2014) y no lo ha vuelto a superar.

En cuanto a los últimos datos, referidos al conjunto nacional, el número total de lanzamientos practicados por los órganos judiciales en el primer trimestre de este año en curso se redujo un 45,4%. Los más numerosos fueron nuevamente los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9% y que se redujeron en un 53,9% con respecto a 2025; los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24% y mostraron una disminución interanual del 18,3%.

Según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el 23% del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582.

«Sin nos ceñimos a los desahucios por alquiler, se producen por impago en la cuota de alquiler o porque hay un inquiocupa, que es la posición de un inquilino que en un momento dado deja de pagar y se mantiene dentro de la vivienda», explica el director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, Óscar Rodríguez.

«Lo que estamos viendo en este caso en las noticias no tiene nada que ver, porque es un caso de renta antigua, que no es lo habitual hoy en día». «Son términos diferentes, y me parece que no se puede confundir a la opinión pública. Lo que está ocurriendo hoy es otra situación. Los contratos de hoy tienen una duración limitada de cinco años, más tres años de prórroga. Es otra circunstancia totalmente distinta».

Rodríguez explica que hoy un proceso de desahucio se puede prolongar un año o año y medio en el caso de Valladolid. «No hay muchos casos, porque también es verdad que debido a las prórrogas que está declarando el Gobierno con los reales decretos, si te coincide en ese periodo, se pospone, no tienes derecho a pedir el desahucio. Si a uno le pilla que se ha publicado un real decreto, en el que le da pie a los inquilinos unilateralmente a hacer una prórroga de dos años, si te coincide en el periodo que está en vigor ese real decreto, no hay nada que hacer», añade. Por eso, desde la Cámara de la Propiedad piensan que «no se puede elaborar una ley o unos reales decretos a base del criterio del momento».

El director de la entidad que defiende, asesora y representa los intereses de los propietarios de bienes inmuebles urbanos, asegura que no se están produciendo muchos desahucios porque la ley no permite solicitar muchos de ellos. «El decreto antidesahucios decayó, pero mientras estuvo en vigor muchos inquilinos hicieron uso de él. Solicitaron la prórroga del contrato».

Otro problema para los propietarios es la actualización de la renta. «Ese real decreto limitaba a un 2% la actualización, y la están aplicando aunque el IPC esté a más del doble, en el 4,3%. Los propietarios están perdiendo poder adquisitivo con esas actualizaciones de renta», declara.

Ahora, el caso de Maricarmen pone en guardia a los arredadores, pues temen que el Gobierno de España aproveche la corriente para volver a llevar al Consejo de Ministros nuevos decretos que perjudiquen a los propietarios. «No hay ninguna medida que defienda la propiedad. Ya no lo digo al propietario», lamenta Rodríguez. «Con sus decretos y con sus leyes consiguen lo contrario de lo que pretenden, que la vivienda sea cada vez más inaccesible y haya menos oferta».

«Lo que están provocando es que no haya confianza en el mercado, que los propietarios cierren su vivienda, porque no les garantizan que el inquilino no deje de pagar, o que sufran los daños y perjuicios que van a generar, no solo en el impago, sino en los impuestos, puesto que a Hacienda hay que declarar los ingresos a pesar de no haberlos recibido», subraya.

«Hay que tener en cuenta que el 92% de los arrendadores son pequeños propietarios», destaca Rodríguez. «A nosotros nos llegan muchos propietarios, a la Cámara, preocupados por esta situación». Y es que «estas medidas de intervención en el mercado no son favorecedoras. Directamente lo que vemos es que en Barcelona y en el País Vasco es donde más desahucios se producen».

«No lo vemos ni lógico, ni normal. Lo que están haciendo es volatilizar aquellos inversores que podrían estar metiéndose en el mercado inmobiliario. Las políticas yo creo que no son acertadas», opina el director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid.