Barbón urge eliminar el peaje del Huerna cuya prórroga Europa considera ilegal

El peaje de la autopista AP-66, conocido también como peaje del Huerna, en la carretera que conecta León y Asturias, podría estar próximo a su fin. Al menos ese es el firme objetivo que se ha marcado el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que insiste al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente que elimine un pago cuya prórroga, además, ya ha sido calificada como ilegal en una resolución de la Comisión Europea.

En declaraciones recientes, Barbón se mostró convencido de que «más pronto que tarde» el peaje del Huerna será cosa del pasado. De esta forma, el presidente asturiano se mantiene muy beligerante en una cuestión que reclama al Gobierno de España y, por lo tanto, a su propio partido. Sin embargo, considera que esa es una cestión secundaria. «Yo soy el presidente de Asturias por encima de cualquier consideración y lo que defiendo es una cuestión de justicia; vamos a utilizar todas las vías políticas y jurídicas, y más pronto que tarde vamos a acabar con el peaje del Huerna», aseguraba hace pocos días.

Pero además ahora, Barbón cuenta con un nuevo arma en esta batalla, ya que la Comisión Europea ha declarado ilegal la prórroga del peaje de la AP-66. Concretamente, el órgano europeo entiende que el Gobierno de España vulneró la normativa de contratación pública de la Unión Europea, tal y como recogía el pasado mes de julio el propio gobierno asturiano en una nota de prensa.

Así, la Comisión informaba de que continuaba con el procedimiento de infracción contra el Estado español por la prórroga hasta 2050 de la concesión de la autopista AP-66 sin licitación pública, al entender que esta medida contravino la legislación europea.

Esta resolución llega desde Europa, además, después de que Castilla y León, Asturias y Galicia se reunieran hace unos meses en Santiago de Compostela para acordar la actuación conjunta ante las instituciones europeas para avanzar hacia la eliminación del peaje de las concesiones de las autopistas de la AP-66 y la AP-9.

Como resultado de la reunión, las administraciones y organizaciones participantes suscribieron una declaración institucional y acordaron reforzar su interlocución con las instituciones comunitarias para impulsar la culminación del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en relación con las prórrogas concesionales de ambas autopistas.

Castilla y León, Galicia y Asturias consideran que esta cuestión afecta directamente a la competitividad económica, la cohesión territorial y la movilidad de millones de ciudadanos y empresas del noroeste peninsular, por lo que defienden la necesidad de que el procedimiento avance hasta su resolución definitiva conforme al Derecho de la Unión Europea.

En este marco, los tres gobiernos autonómicos acordaron trasladar formalmente a la Comisión Europea la importancia de culminar el proceso, y, en su caso, la elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ejerciendo la correspondiente acción por incumplimiento.

A la vista de los últimos acontecimientos, la presión de esta alianza a tres bandas entre las comunidades autónomas surtió su efecto, ya que pocas semanas después se conoció la resolución de la Comisión Europea que calificaba de ilegal la prórroga de la concesión de la AP-66.

En todo caso, y más allá del dictámen procedente de Europa, la realidad es que el peaje del Huerna está contra las cuerdas. A todo lo anterior se suma que la Fiscalía Superior de Asturias tiene abiertas diligencias preprocesales a raíz de una denuncia presentada por la Plataforma Ciudadana contra el cobro íntegro del importe a pesar de las obras que se están llevando en esta autopista y que no permiten utilizarla en condiciones normales. De hecho, el Ministerio público ha reclamado más información a fin de llevar a cabo nuevas investigaciones al respecto.

El procedimiento comenzó el 3 de noviembre de 2025, tras remitir comunicaciones a la Fiscalía de Asturias y León y a la Fiscalía General del Estado. La iniciativa se produjo horas después de que la justicia declarara ilegal el cobro del peaje en la AP-9 durante sus obras mediante una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. La concesionaria gallega (Audasa) y la asturiana (Aucalsa) forman parte del mismo grupo empresarial, In Itínere.

Pero es que sobre esta cuestión también fue crítico Barbón, quien de nuevo se pronunció al respecto hace solo unas semanas tachando de «injusticia absoluta» que Aucalsa mantenga el cobro del peaje del Huerna en las condiciones actuales de la autopista del Huerna (AP-66). El presidente del Gobierno de Asturias aseguró además que el Principado continuará trabajando para lograr la eliminación del canon, según recoge un comunicado del gobierno asturiano del pasado 22 de agosto.

La circulación por el Huerna está afectada desde hace meses por la reparación de un argayo y por las obras de los túneles, recuerdan, a lo que añaden que el desprendimiento de una losa en el Negrón, el más largo de todos, obligó a cerrar anoche la autopista durante varias horas.

El Gobierno de Asturias considera que el deterioro provocado por estas labores -carriles cortados, limitaciones de velocidad, retenciones…- es incompatible con el cobro del peaje, que la empresa concesionaria mantiene como si el servicio se prestara con normalidad. Por ello, reclama la suspensión o bonificación total del canon. Al tiempo, ha iniciado un procedimiento sancionador contra Aucalsa que incluye dos multas que suman 1.100.000 euros.

La reacción del presidente ante el cierre de la vía fue rotunda. «El corte da la razón al Gobierno de Asturias. La autopista no está en condiciones y, por lo tanto, no está prestando el servicio por el que estamos pagando. Lo que se nos está cobrando es una injusticia absoluta», afirmó.

Barbón también adelantó que el Ejecutivo asturiano seguirá desplegando todas las iniciativas a su alcance «para acabar con esa injusticia y esa prórroga ilegal acordada por un gobierno estatal del Partido Popular presidido por José María Aznar». El peaje ya hubiera sido eliminado de no haber sido prorrogado por un Ejecutivo del Partido Popular hasta 2050.

El Principado recuerda que la prórroga se decidió sin que mediara una nueva licitación. Es por eso que la Comisión Europea concluyó que aquella ampliación vulneró el derecho comunitario. Aunque, pese a ello, el Ministerio de Transportes se ha negado a revisar de oficio tal decisión, el Ejecutivo autonómico no ha dejado de tomar decisiones encaminadas a restablecer la legalidad.