Castilla y León recurrirá cada expediente de menas incompleto: "Con quien mejor están es con su familia"

La Junta de Castilla y León tiene a su disposición una "doble vía" a la hora de rechazar el reparto de menores inmigrantes del Gobierno y apostar por que éstos sean devueltos con sus familias, lo que consideran la mejor solución para ellos. Por un lado, el recurso de la norma estatal si considera que es contraria a los intereses de la Comunidad y, por otro, la revisión de cada uno de los expedientes para valorar si son correctos y, en caso negativo, recurrirlos también.

Así lo detalló este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que quiso dejar claro que la Junta dispone de dos opciones para oponerse al reparto de menas. De manera generalizada puede hacerlo contra la norma, tal y como señalaba la carta que el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, envió este miércoles al Gobierno; pero también mediante esa revisión de expedientes.

De hecho, Carriedo insistió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que el Ejecutivo autonómico examinará cada expediente de menores migrantes no acompañados asignados a la Comunidad y, en caso de recibir alguno incompleto, pedirá, en primer lugar, que se complete, y, de ser necesario, solicitará a la Fiscalía que realice pruebas de edad a estas personas, “si esta edad no ha sido aportada por el Gobierno”.

Fernández Carriedo realizó esta declaraciones, recogidas por Ical, el día que Castilla y León se ausentó de la Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia, en la que se debatió el reparto de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas, e insistió en que la Junta exigirá la documentación completa de cada uno de ellos.

La prioridad para la Junta, explicó, es que los menores puedan regresar junto a sus padres, o familiares. “Si se aprecia del expediente que no se han establecido todos los cauces para garantizar que el menor retorna con sus familias, lo que le pedimos al Gobierno es que el menor pueda retornar con su familia, que es con quien mejor puede estar, y presentamos el correspondiente recurso para que esto pueda hacerse efectivo”, resumió.

Un expediente en el que, insistió Carriedo, es importante que se aporte la edad del menor. “Si de la documentación que se remite por parte del Gobierno no figura acreditada, lo que pedimos a través en este caso de Fiscalía es que se puedan hacer las pruebas correspondientes. Nosotros no tenemos competencias en el ámbito de justicia, pero sí pedimos a Fiscalía que cuando la edad no sea conocida, no esté acreditada, no figura en el expediente, pueda ser analizada con los correspondientes procedimientos”, amplió en este sentido.

Durante le reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, Carriedo esperó que, al menos, el Gobierno analizara bien la situación y tomara las decisiones que corresponden en función de sus competencias”, que esencialmente se refiere al control de fronteras. “Estamos ante una crisis que supone un fracaso de gestión por la incapacidad de establecer un adecuado control de fronteras. y la inacción desde aquel momento en el que en torno a 80.000 personas cruzaron la frontera española de forma ilegal”, sentenció.

Según destacó el portavoz de la Junta, “a día de hoy no se saben los datos precisos, no se sabe la documentación de estas personas, no se ha resuelto el problema” y, por otro lado, apuntó a una disparidad de criterios en el seno del Consejo de Ministros. “Vemos en el Gobierno diferentes interpretaciones en función del ministro que tiene la palabra y esto refleja en definitiva un fracaso de gestión en una cuestión de seguridad nacional donde tendría que haberse actuado”, apostilló.

Por tanto, Carriedo exigió al Ejecutivo central que “actúe en relación con sus competencias” y que, en consecuencia, proceda al cumplimiento de la normativa, que, desde su punto de vista, reside en la realización de un “análisis individual" de las personas que han cruzado la frontera y que, “en aplicación de la normativa, procedan a retornar al país de origen”.

El portavoz aludió además a la doble capacidad de recurso jurídico que activará la Junta de Castilla y León. “Ante las normas de carácter general, como ya hemos hecho en más de una ocasión cuando la norma es contraria a los intereses de nuestra Comunidad autónoma y también contraria a la normativa establecida al efecto, y luego, ante la aplicación de los expedientes individuales, examinamos si hay necesidad de algún recurso y, por tanto, en la medida que nos corresponda también procederemos a recurrir esos expedientes de carácter individual”.

En este último caso, se recurrirán, añadió, si no están “suficientemente elaborados” y no se han completado todos los procedimientos, En definitiva, “si no se ha garantizado que estas personas retornan a sus familias como primer objetivo, que es lo que está en este momento como necesidad encima de la mesa”.

“Llevamos ya bastantes semanas de crisis y ni siquiera el Gobierno es capaz de dar una visión general de lo que quiere hacer. Unos dicen que hay que retornar a estas personas, otros ministros no coinciden con esa visión, unos ministros tienen una visión de lo que ha pasado, otros ministros tienen otra distinta y, realmente, lo que vemos es un fracaso de gestión en una cuestión de seguridad nacional”, zanjó.