El PSOECyL exige 150 millones en ayudas directas para el campo de Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reclamó ayudas directas de 150 millones de euros para el sector primario de la Comunidad ante la “situación extraordinaria” que atraviesa, marcada por el aumento de los costes de producción y la pérdida de competitividad, y exigió a la Junta que concrete con presupuesto el plan de apoyo anunciado para el campo.

Tras una reunión con los representantes de las organizaciones agrarias para analizar “todos los problemas que están asolando al campo de Castilla y León”, avanzó que desde el partido socialista acompañarán y apoyarán la movilización convocada por el sector para el próximo 27 de agosto ante Presidencia.

Martínez defendió que las medidas aprobadas por el Gobierno de España, de 150 millones de euros, “necesitan tener su continuidad” y anunció que “tenemos que trabajar con el Ministerio para que el propio remanente del gasóleo, que está pendiente, en una nueva convocatoria se quede en Castilla y León”.

En esta misma línea, también reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que atienda al problema que sufre la Comunidad, ya que, a su juicio, “se está asfixiando al sector primario”. En este sentido, cuestionó que la Junta hable de un plan, sin antes concretar su dotación presupuestaria. “Que se ponga encima de la mesa ese plan y contará con la ayuda del PSOE si es un plan sin engaños”, afirmó Martínez, como recoge Ical.

Convertir la Junta en una “guardería”

Martínez denunció la “inacción” del Ejecutivo autonómico y acusó a Mañueco de convertir la Junta en una “guardería”, en referencia a la falta de liderazgo que, a su juicio, está condicionando la respuesta a lo problemas de la Comunidad.

En líder socialista criticó que “los líos en la guardería suceden siempre que no están los profesores” y reclamó al presidente autonómico que “se incorpore a trabajar de una vez por todas y comience a atender los problemas de nuestra Comunidad.

Ante la situación generada después de que el consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, reclamara las competencias en relación a la extinción de incendios, Martínez dudó de que “no se si hubiera ido mucho mejor”, aunque aseguró que “tarea tenía para atender a los agricultores de la Comunidad”.

Castilla y León como “el granero de España”

Por su parte, las organizaciones agrarias también quisieron mostrar su punto de vista ante la situación que vive en campo en la Comunidad. El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, describió la situación como de “ruina” con pérdidas que cifró para el sector cerealista en 300 millones de euros este año. También recordó que el 2025 dejó un “buena cosecha”, pero que los elevados costes de producción y los bajos precios impidieron la rentabilidad. En este sentido, también advirtió de que el inicio de la campaña 2026-2027 “no se puede plantear de manera normal en Castilla y León porque trabajando nos arruinamos”.

Según sus datos, los costes superan los 800 euros por hectárea de cereal de secano, por lo que planteó que “¿con qué espíritu profesional y productivo puede un agricultor establecerse por hectárea si pierde 200 euros?”.

Dujo explicó que reclamaron ayudas a la Unión Europea, al Gobierno de España y a la Junta, y agradeció las medidas estatales, aunque las calificó de “insuficientes”. En concreto, señaló que las ayudas a fertilizantes para Castilla y León ascienden a 117 millones de euros y las correspondientes al gasóleo a unos 34 millones. “El campo no quiere vivir de ayudas, quiere vivir de precios, producir alimentos y ganar dinero”, defendió Dujo.

Seguros agrarios y la PAC como “redes de seguridad”

Desde UCCL, su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, coincidió en que “no hay una parte del campo que esté en una situación de rentabilidad” y reclamó que las ayudas sean “urgentes y suficientes” para garantizar que las explotaciones puedan afrontar la nueva campaña y que “quienes hayan sufrido mayores pérdidas reciban un mayor apoyo”.

El dirigente agrario planteó dos “redes de seguridad” fundamentales: los seguros agrarios y la PAC. En el primer caso, pidió que los seguros garanticen al menos los costes de producción, mientras que respecto a la futura PAC defendió que los fondos se dirijan “prioritariamente a los agricultores profesionales”. González Palacín también reclamó que las relaciones contractuales entre productores y operadores sean negociadas con el sector y permitan garantizar precios rentables. Además, defendió reclamó una “ley antiespeculación” que reduzca la necesidad de ayudas.

Por su parte, el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, reclamó que el Ejecutivo autonómico ponga “ayudas encima de la mesa de verdad” y planteó que la Junta destine, como mínimo, una cantidad equivalente a la del Gobierno central, que cifró en 450 millones de euros de ayudas directas al campo.

También recordó que “no se desconvoca la manifestación del 27 porque no hay ninguna garantía de que la Junta vaya a poner ayudas encima de la mesa”.

El secretario de UPA situó los costes de producción como “nuestro mayor problema” y reclamó el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para evitar que los agricultores trabajen a pérdidas. “Si no se baja el precio de los costes, nuestros pueblos cierran”, aseguró.

El coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, coincidió en la necesidad de que la Junta complemente las ayudas estatales. A su juicio, el consejero de agricultura “tiene un plan pero no tiene nada aún”, por lo que existe la sospecha de que no haya presupuesto suficiente para ejecutarlo.

Rivera apuntó que los precios del cereal se sitúan en torno a los 300 euros por tonelada y ha insistido en que todavía queda “mucho que hacer” para garantizar la continuidad de las explotaciones. “No queremos vivir de las ayudas”, ha señalado, en referencia a la necesidad de que los precios permitan asegurar a largo plazo la rentabilidad de la actividad agraria.