Dimite por sorpresa el jefe de la Junta de Personal de las Cortes de Castilla y León

Dimisión por sorpresa en las Cortes de Castilla y León. El hasta ahora presidente de la Junta de Personal del Parlamento autonómico, José Carlos Álvarez, ha cesado recientemente de su cargo en un movimiento inesperado, apartándose así del órgano de la institución que regula todo lo que tiene que ver con los trabajadores de la misma.

Fuentes consultadas por este periódico son las que han confirmado la reciente dimisión de Álvarez, aunque no han trascendido los motivos de la misma. Tampoco quién le sustituirá al frente de la Junta de Personal, nombre que tendrán que elegir sus miembros mediante votación.

Además de presidente de la Junta de Personal, Álvarez es también responsable de la sección de Comunicación Institucional del Parlamento, según el directorio que figura en la página web del mismo, lo que le sitúa como máximo responsable de la gestión de la transparencia en la institución. Transparencia que, en algunos casos, es cuestionable dado que en el mencionado portal faltan parte de los viajes de los altos cargos y el kilometraje de los coches oficiales, por mencionar solo algunos ejemplos.

En todo caso, la de Álvarez no es la primera dimisión que se produce entre los altos cargos de las Cortes en los últimos tiempos. Hace algunos meses era el secretario general y letrado mayor del Parlamento, Marcos Herrero, quien cesaba de sus funciones después de una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que venían a dar la razón a una funcionaria que le había denunciado por acoso laboral.

Precisamente, en aquel procedimiento, acudieron a declarar a sede judicial los miembros de la Junta de Personal y que, tal como publicaron entonces varios medios, negaron tener conocimiento de los hechos denunciados. De hecho, y aunque el presidente no lo mencionó, el resto de los testigos sí recordaron haber tenido algún encuentro con la denunciante en la que ésta les informó de distintas sentencias a su favor que pusieron en conocimiento de la Junta de Personal, aunque insistieron que en momento alguno la funcionaria les informó del supuesto acoso laboral que venía padeciendo, hasta que en septiembre u octubre de 2024 la afectada les dio traslado de una comunicación por escrito.

De pocos sirvieron aquellas declaraciones ante el tribunal, que acabó emitiendo varias sentencias contrarias a las decisiones adoptadas por la Junta de Personal, primero para cesar a la funcionaria y después para reincorporarla en un puesto distinto y, como la propia denunciante alegaba, carente de funciones con el objetivo de menospreciarla. Precisamente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, emitió sentencia contra la revocación del nombramiento de la funcionaria ya que consideró que este movimiento «vulneró los derechos a la dignidad personal y profesional de la recurrente atendiendo a las circunstancias y modos en que se ha llevado a cabo».