Transportes cifra en 35.000 millones las obras que le imputa el pacto de PP y VOX en Castilla y León

Agitar el avispero. Eso es lo que el Partido Popular y VOX han hecho con la firma de un acuerdo de gobierno para Castilla y León y en el que han incluido una amplia lista de reclamaciones que, lejos de ser de su competencia, van dirigidas directamente al Gobierno de España y en especial al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente, que precisamente ha puesto precio a esta 'lista de deseos': 35.000 millones de euros, el equivalente al presupuesto de casi dos años para esta cartera.

Tal y como publicó este periódico, todo un apartado del acuerdo de gobierno de PP y VOX queda reservado a todas esas peticiones al Gobierno de Transportes dirigidas a varias áreas, pero con especial incidencia en autovías y trasporte ferroviario, es decir, cuestiones de las que es responsable el Ministerio de Puente y que ha querido poner las cartas sobre la mesa en este sentido.

Es por eso que este departamento ha elaborado, en base a las reivindicaciones recogidas en el punto cinco del pacto firmado para Castilla y León, una tabla en la que se pone precio a cada una ellas y a través de la cual queda patente que no se trata de actuaciones que dependan de la voluntad política, sino principalmente de una cuestión puramente económica que haría que, de realizarse, el presupuesto de Transportes para más de un año y medio quedaría reservado únicamente a una comunidad autónoma.

El propio ministro, a la vista de las peticiones incluidas en el acuerdo de gobierno y según han confirmado fuentes de su departamento a este diario, dará respuesta en los próximos días a esas reivindicaciones.

Según ese estudio realizado por el Ministerio de Óscar Puente y al que ha tenido acceso este periódico, solo las inversiones en carreteras que reclaman PP y VOX rozan los 11.000 millones de euros, aunque es una cifra que se queda pequeña en comparación con los más de 23.000 que supondría la planificación ferroviaria en la que se incluyen el corredor Ruta de la Plata (estimado en unos 8.000 millones) o la Alta Velocidad Burgos-Vitoria (estimada en casi 3.200 millones). Las partidas menores resultan, por tanto, las que deberías destinarse a autopistas (217 millones) y a servicios ferroviarios (204 millones).

Ya en el análisis en profundidad que realiza el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se puede comprobar que algunas de las propuestas estrella de PP y VOX son inasumibles desde el punto de vista económico para el departamento de Puente. En el caso de los soterramientos de Valladolid, Palencia y León el coste conjunto superaría los 3.376 millones.

Llaman la atención, en este apartado, costes como el de la línea de ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos, enmarcada en el Corredor Atlántico, y cuyo coste llegaría a los 1.300 millones de euros, menos que los 2.500 que implicaría bordar de forma urgente el Nudo del Manzanal, ambas propuestas incluidas en el punto 5.1.2.1 del acuerdo de gobierno.

Según Transportes, la Alta Velocidad Palencia-Santander implica una inversión de 2.654 millones, mientras que la reapertura de la línea Soria-Castejón constaría entorno a mil, por mencionar solo algunos de los ejemplos de las infraestructuras más costosas.

En el ámbito de las carreteras, la partida que más destaca son los 2.717 millones que costaría convertir en autovía la N-234 Burgos-Soria-Calatayud, una reivindicación que aparece en el punto 5.1.1.2 del pacto de gobierno de Castilla y León. No obstante, destacan también los 1.310 millones necesarios para la finalización de la A-76 entre Ponferrada y Orense o los 1.128 que todavía restan por invertir en la A-11, y a los que se suman otras muchas partidas de diferente calado que serían necesarias para dar cumplimiento a lo que reclaman el PP y VOX.

Mucho menos costoso resultaría dar cumplimiento a las peticiones recogidas en el acuerdo de gobierno en lo relativo a las autopistas, y en concreto a la bonificación de los peajes en la AP-71, AP-6, AP-51 y AP-61 en las mismas condiciones que la AP-9, lo que en conjunto supondría un desembolso de 82 millones de euros. Más costaría, 135 millones, bonificar a los viajeros recurrentes empadronados en Castilla y León.

Finalmente, el apartado de servicios ferroviarios es el menos costoso de todos, puesto que aquí las inversiones son mucho más discretas. Destaca entre todos ellos la mejora de las infraestructuras de FEVE, que ascendería a 109 millones de euros, aunque en este caso podría tener encaje también en el epígrafe de los ferrocarriles y no tanto en el de los servicios. Sí pertenece sin matices a este punto la declaración como OSP de las líneas León-Madrid y Burgos-Segovia, con un coste conjunto de cien millones de euros.

"No es competencia"

Pese al evidente esfuerzo realizado por los socios de gobierno para intentar presionar al Gobierno de España en lo relativo en las inversiones en Castilla y León, el Ministerio de Transportes no está dispuesto a dar su brazo a torcer cuando, además, se han incluido en la lista actuaciones que, según defiende este departamento, no son ni siquiera su competencia.

Se detalla así en la misma tabla elaborada por el departamento de Puente que cuestiones como el ramal ferroviario del área de Prado del Hoyo en Segovia o el puerto seco de Salamanca no son ni siquiera competencia del Ministerio de Transportes, sino que deben corresponder a una iniciativa municipal o autonómica.

Tampoco es su competencia, según trasladan desde Transportes, todo aquello que en el marco del Corredor Atlántico tiene que ver con los nodos logísticos de Burgos y Salamanca. Además, el Ministerio reconoce que cuando el pacto de gobierno habla de "potenciar capilaridad con conexiones a las nueve provincias", desconocen "a qué hace referencia".