Vox tensa la cuerda en Castilla y León: "Vamos a poner orden"

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, confió este lunes en que “pronto” se aplique el concepto de la prioridad nacional en Castilla y León, donde negocian un acuerdo de gobierno con el PP, tras los suscritos en Extremadura y Aragón, que ya incorporan esta iniciativa. “Vamos a poner orden”, dijo, en referencia al acceso a la vivienda protegida, el alquiler social o las ayudas y prestaciones.

En su comparecencia, tras la reunión del Comité de Acción, Fúster contrapuso estas medidas ya pactadas a las que promueve el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dirigentes ‘populares’ que “todavía son rehenes de sus políticas”, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que denunció “amplifican el efecto llamada, reparten ayudas sin control y abandonan los españoles”.

Asimismo, el portavoz de Vox aseguró que a los andaluces, convocados a las urnas el 17 de mayo, les ofrecen lo mismo que ya han conseguido para los extremeños y los aragoneses, y lo que “pronto” esperan lograr para los castellanos y leoneses, “gracias a la fuerza conseguida por Vox en las urnas y a la determinación” de su equipo negociador.

“Vox vuelve a demostrar en Aragón, como lo demostró antes en Extremadura, como esperamos demostrarlo en Castilla y León que no está en política para calentar escaños, no ni para adornar gobiernos ni para regalar votos, no. Vox está en política para cambiar las cosas. Eso es lo que hemos hecho también en Aragón”, dijo.

En este sentido, Fúster también consideró que Vox "puede apretar un poco más" al PP en las negociaciones para constituir un pacto en Castilla y León al tener más representación en esta comunidad que en las dos en las que ya se han suscrito pactos, Extremadura y Aragón.

"En Castilla y León tenemos más fuerza, y se incrementó en Aragón (respecto a Extremadura); en cada acuerdo se puede apretar un poco más", explicó al respecto Fúster desde la sede nacional de Vox en Bambú en declaraciones recogidas por Europa Press, y donde también reconoció que las conversaciones se están desarrollando "más despacio" de los que a su partido le gustaría. De hecho, el portavoz nacional de los de Abascal aseguró que, si fuera solo por ellos, el acuerdo podría estar listo "en 24 horas".

Fúster aseguró que la prioridad nacional, incluida también en el acuerdo firmado en Aragón, significa “algo muy sencillo”: “Primero los aragoneses, primero los españoles, primero quienes cumplen la ley, quienes trabajan, quienes pagan impuestos y acrecientan el trabajo de sus padres, de sus abuelos y de todas las generaciones que trabajaron duro para construir España”, informa Ical.

Por ello celebró el acuerdo alcanzado en Aragón la semana pasada ya que insistió van a conseguir la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, el alquiler social, las ayudas y las prestaciones. “Este es el camino de Vox, este es el mandato de las urnas”, añadió frente a la regularización “masiva” de inmigrantes, que remarcó es un “caos”.

"Primero destruyen las fronteras, después sus planes de sustitución de los españoles saturan los barrios, los colegios, la sanidad, la vivienda y las ayudas. Y al final aprueban una regularización masiva para sustituirnos y también para tapar el fracaso que ellos mismos han creado. Esto es una burla a los españoles que cumplen la ley", concluyó.

"Pausa permanente"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, criticó los “ritmos perezosos” de la Junta bajo la Presidencia de Alfonso Fernández Mañueco, y denunció la “pausa permanente” de la Administración autonómica.

Martínez comparó la rapidez de los procesos administrativos en el ámbito local con la situación autonómica, y aseguró que, en Soria, “ha dado tiempo a hacer renuncias y comunicar el proceso de toma de posesión del nuevo alcalde a la Junta Electoral en un mes”, mientras que en la Comunidad, a la contra, “se sigue en esa pausa permanente y en esos ritmos perezosos”, que calificó en ocasiones de “desesperantes”.

En este sentido, lamentó la “falta” de actividad institucional y advirtió de que la ausencia de un Ejecutivo plenamente operativo “limita” la acción política. “No tenemos ventanilla abierta ni puertas abiertas; si no hay Ejecutivo, no hay a quien preguntar”, afirmó.

Asimismo, avanzó que la próxima reunión de la Ejecutiva autonómico del PSOE servirá para trasladar la información sobre los primeros pasos dados en las Cortes y para definir las iniciativas parlamentarias prioritarias, entre las que citó la ley contra la violencia machista, la ley de ordenación del territorio y la normativa de prevención y extinción de incendios.

El dirigente socialista explicó que estas medidas constituyen los principales “hitos” a corto plazo y que irán acompañadas de una batería de iniciativas adicionales que su grupo pretende poner sobre la mesa en el ámbito parlamentario.

Mesa Cortes

En otro orden de cosas, la Mesa de las Cortes decidirá este martes, tal y como publicaba este periódico, si aumentan los liberados hasta 21 o mantiene los 19 de la pasada legislatura. En concreto, el orden del día remitido a los integrantes recoge como propuesta la opción de aplicar el criterio de uno por grupo, más otro por cada cinco procuradores o fracción igual o superior a tres, según informaron a Ical fuentes parlamentarias.

En concreto, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, debe adoptar un acuerdo sobre el reparto de las dedicaciones exclusivas, pues no están recogidas en el Reglamento. Así existen dos opciones, mantener el criterio adoptado en la pasada legislatura, es decir un liberado con retribución equivalente al de un miembro del órgano de gobierno por grupo parlamentario, más otro por cada cinco procuradores. Este reparto otorgaría siete al Grupo Popular, otros tantos al Socialista, tres a Vox y dos al Grupo Mixto.

Con ello se mantendrían los 19 procuradores con dedicación exclusiva de la XI Legislatura, en la que el PP (31 parlamentarios) tenía siete, el PSOE (28 miembros), seis; Vox (13 integrantes), tres; UPL-Soria YA (seis), dos y el Mixto -tres procuradores-, uno. Ahora serían también 19, pero con otra distribución en la que el PSOE ganaría una y el Mixto, otra, mientras PP y Vox se quedarían con las mismas.

Como novedad, se plantea a la Mesa la posibilidad de “modular” este criterio para hacerlo “más acorde” con la representación de los grupos parlamentarios en esta legislatura en la que hay cuatro grupos. Para ello, se propone añadir que se puedan acoger al régimen de dedicación exclusiva un procurador más por cada fracción igual o superior a tres.

Esta posibilidad eleva a 21 las dedicaciones exclusivas de grupo, ya que el PP obtendría con sus 33 procuradores un total de ocho, uno más que en la pasada legislatura, al igual que Vox, que tendría cuatro con sus 14 parlamentarios. En cambio, el PSOE se quedaría con los siete que le otorgan sus 30 parlamentarios y el Mixto, con dos, por tener en esta legislatura cinco integrantes.

El debate está servido en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, prevista a las 11 y las 11.30 horas. En este momento, fuentes del Grupo Popular indican que se decantan por mantener el criterio de uno por grupo y otro más por cada cinco como hace cuatro años, aunque escuchará todas las posturas. Además, Vox es partidario de mantener el criterio de un liberado por grupo más otro por cada cinco procuradores.

Hasta ahora las dedicaciones exclusivas de los grupos de las Cortes, informa Ical, son equivalentes a la de un miembro de la Mesa -81.831,26 euros anuales-. Además, se preveía una sola indemnización por gastos para cada grupo de 1.800 euros mensuales, siendo las restantes de 1.440 euros.

Los demás parlamentarios, sin dedicación exclusiva, pueden cobrar la dieta de 220 euros por sesión -50 por reunión de Mesa de comisión o actividad fuera de la sede- y una compensación por desplazamiento de 0,26 euros por kilómetro.

La primera reunión de la Mesa de las Cortes ya acordó mantener las retribuciones fijadas en enero para los seis miembros -presidente, vicepresidentes (dos) y secretarios (tres)-, por lo que continuarán siendo de 103.431,26 euros anuales -81.831,26 euros y una indemnización de 1.800 euros al mes para gastos-.