Castilla y León lanza un plan contra los efectos de la guerra de Oriente Medio: estas son las 28 medidas

Con motivo de la guerra que actualmente se desarrolla en Oriente Medio, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en su reunión de este miércoles un total de 28 medidas estructuradas en siete bloques estratégicos, con un impacto total estimado en 286,7 millones de euros para hacer frente al encarecimiento del petróleo, el gas y los insumos básicos, lo que incrementa los costes de producción para empresas y autónomos, agricultores, ganaderos y familias.

El primer bloque lo componen las medidas de financiación a los sectores empresariales, con un impacto estima de 113 millones de euros y ocho líneas de apoyo. Por un lado, se ha diseñado una línea  de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75% y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia. Esta línea tiene como objetivo paliar los cambios extraordinarios en las variables del mercado: subidas de costes e incrementos energéticos.

También se activa la financiación de circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5 % y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia; y la financiación de costes energéticos a empresas exportadoras para inversión en sistemas de autoconsumo que reduzcan la exposición a la volatilidad energética de hidrocarburos, hasta 500.000 euros, bonificación del 2,5% y un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.

Por otro lado, se pone en marcha también el Fondo Internacionalización para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización. Ofrece hasta 300.000 euros, amortización hasta 10 años con un límite de 3 años de carencia y un tipo de interés máximo del 1,5%.

También se lleva a cabo la ampliación de la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra), y la renegociación de las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.

Igualmente, la Junta asumirá el incremento de las cuantías destinadas al Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 en 6,4 millones de euros, que permitirá cerrar operaciones de préstamos garantizados con aval público y en condiciones ventajosas por importe de 40 millones de euros de préstamos; y el incremento del porcentaje de bonificación para la contratación de seguros agrarios a titulares de explotaciones agrarias que tengan la consideración de joven agricultor pasando del 10% actual al 25%.

El segundo bloque, con un impacto de 7 millones de euros, incluye las medidas para favorecer la empleabilidad, como es la cualificación vinculada a servicios estratégicos como el impulso de programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial.

También se apoya la atracción y fidelización del talento mediante el refuerzo de la contratación del talento joven y cualificado, impulsando itinerarios de inserción, contratos vinculados a sectores estratégicos y programas de retorno. Además, se movilizan incentivos al empleo en sectores estratégicos.

En materia de transporte colectivo de viajeros, con la movilización de 5 millones de euros se acometerá el refuerzo e incremento de servicios de las rutas Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la mayor demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.

Se hace frente, asimismo, al incremento del coste de las rutas Buscyl del servicio de transporte regular de viajeros de titularidad y gestión de la Junta de Castilla y León por el incremento del precio de los carburantes.

En cuanto al refuerzo del apoyo a familias vulnerables, con una previsión de un millón de euros, se activarán en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables.

También prevé la Junta la reducción de la fiscalidad autonómica en aplicación del Real Decreto-Ley de 20 de marzo con un impacto de 117,4 millones de de euros. Este decreto, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, establece desde su entrada en vigor el 22 de marzo y hasta el 30 de junio de 2026, rebajas fiscales en el Impuesto Especial sobre Electricidad (cuya recaudación está íntegramente cedida a las comunidades autónomas), el Impuesto sobre el Valor Añadido (el 50 % de la recaudación está cedida a las comunidades), y el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos (la recaudación del 58 % del tipo estatal general y del 100 % del tipo estatal especial está cedida a las comunidades autónomas, según el sistema de financiación autonómica).

El impacto tributario total por la menor recaudación en Castilla y León del RDL 7/2026 es de 191,2 millones de euros hasta el 30 de junio de 2026, de los cuales 117,4 millones de euros (34,9 mensuales) suponen una merma de ingresos para la Junta de Castilla y León, lo que representa el 61% de la rebaja fiscal, y 73,8 millones de euros, un 39% del total es la reducción fiscal que asume el Estado, según las reglas del sistema de financiación autonómica.

En lo que respecta al bloque de medidas para la eficiencia y el ahorro energético, con una estimación de 33,3 millones de euros, figura la línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial, que tiene como objetivo continuar fomentando el ahorro energético de las pequeñas, medianas y grandes empresas, para mejorar la competitividad y paliar la subida de costes energéticos en el sector industrial.

Por su parte, la línea de ayudas al fomento del ahorro y la eficiencia energética, así como a la implantación de renovables, en edificios del sector terciario de Castilla y León, persigue fomentar el ahorro energético en edificios existentes del sector terciario.

También se incluyen en este bloque la implantación de sistemas de autoconsumo renovable en edificios de titularidad de la Administración de la Comunidad, la promoción de la biomasa con la asociación AVEBIOM (o la mesa intersectorial de la madera), el impulso al aumento de la producción de biomasa autóctona, el fomento de la construcción sostenible con madera para mejora de la eficiencia energética y el impulso de la implantación de nuevas redes de calor por su determinante contribución a la consecución de los siguientes objetivos: la reducción del consumo energético final; la disminución de las emisiones de CO₂; el ahorro económico para administraciones y usuarios; la mejora de la calidad del aire urbano, y el impulso a la economía rural mediante el uso de biomasa local.

Igualmente se pone en marcha una bonificación del 100% del coste para las comunidades de propietarios de las subestaciones necesarias para la conexión de edificios privados a redes de calor urbanas con biomasa forestal.

El último bloque, diseñado con medidas para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos a través de 10 millones de euros, engloba el impulso de la aplicación, por los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las directrices vinculantes aprobadas en el contexto de la guerra en Ucrania mediante Acuerdo 145/2022, de 23 de junio, para asegurar la correcta ejecución de los contratos de la Administración, de las obras, suministros y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos. 

Recoge la puesta a disposición de las diferentes consejerías de los recursos presupuestarios necesarios para atender el mayor gasto derivado del encarecimiento de los bienes y servicios necesarios para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como la solicitud de reprogramación y ampliación del período de ejecución de los Fondos Europeos para adaptarse a las circunstancias derivadas de la situación.

Este documento de iniciativas de respuesta para paliar los efectos económicos negativos derivados del conflicto bélico en Oriente Medio está concebido como un documento abierto, que podrá irse adaptando con flexibilidad a la evolución del escenario económico.