El Procurador urge a evaluar y reparar los daños en las carreteras de Castilla y León por las borrascas

Baches, grietas, hundimientos, levantamiento del asfalto o daños en los sistemas de drenaje son algunos de los principales desperfectos que han sufrido –y continúan sufriendo– las carreteras de Castilla y León a causa del tren de borrascas que azota desde hace varias semanas el país y, puesto que esas deficiencias suponen un riesgo para la seguridad vial, el Procurador del Común ha pedido a las administraciones públicas la elaboración urgente de un diagnóstico del estado de las redes viarias para su inmediata reparación.

En una actuación emprendida de oficio, la institución presidida por Tomás Quintana ha enviado diferentes escritos a la Junta, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de municipios de más de 5.000 habitantes, para instarles a evaluar todos los daños en las infraestructuras de su titularidad, en aras de solucionar la problemática «a la mayor brevedad posible».

Además, consciente de la dificultad de intervenir al mismo tiempo en todo el entramado, el conocido como Defensor del Pueblo ha solicitado que definan en un plan de choque cuáles son las reparaciones más urgentes y establezcan limitaciones en ciertos tramos o busquen desvíos alternativos mientras se solventa la situación en los puntos «más críticos».

«Durante las últimas semanas Castilla y León, igual que el resto de España, se enfrenta a episodios meteorológicos excepcionales, con una anómala sucesión de borrascas que han provocado precipitaciones persistentes, fuertes vientos, nevadas y temperaturas extremas», reza en su encabezamiento el escrito dirigido a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y a las diputaciones provinciales para evidenciar que «el alto nivel de precipitaciones y la elevada cantidad de agua registrada en un corto periodo de tiempo» ha provocado numerosas afecciones.

Entre ellas, enumera «suelos saturados, desbordamiento de ríos, desprendimientos, cortes de carreteras o restricciones del tráfico rodado, acumulación de agua y formación de balsas persistentes», hasta registrarse «cerca de 2.000 incidencias en el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de Castilla y León», relacionadas con los episodios de lluvias, nevadas y viento, recuerda el Procurador.

Y aunque las resoluciones están fechadas hace unos días –en concreto el 12 de enero las dirigidas a la administración autonómica y a las instituciones provinciales– en ellas ya aludía a los «previsibles efectos del deshielo», como así ha sido, con «saturación de terrenos, desbordamientos, desprendimientos e inundaciones» por la crecida de los ríos.

Ante esta situación, el Común considera necesario «actuar con inmediatez y diligencia» y pide la realización de un estudio de daños una vez se estabilice el tiempo, «pero cuanto antes», para «diagnosticar los daños» en las redes de carreteras y «establecer un plan que aborde la solución integral del problema para su ejecución con la mayor celeridad posible».

Y es que, la institución presidida por Quintana considera que el mal estado de las infraestructuras, tanto las incluidas en la red autonómica como las del entramado provincial, suponen un «riesgo». Las deficiencias, apunta, «dificultan notablemente la circulación de vehículos e incluso pueden comprometer la seguridad vial y poner en riesgo a quienes la transitan» y, para garantizar «la seguridad y la funcionalidad», reitera la urgencia de adoptar «las medidas necesarias de restauración y mejora».

Para argumentar su petición, el Procurador se apoya en todas las normativas donde se refleja que los titulares de las vías son responsables de llevar a cabo tareas de conservación para garantizar que estén en las mejores condiciones posibles para la seguridad de la circulación y, aunque tiene en cuenta que los recursos son limitados y que el mantenimiento es «un asunto complejo» debido a la extensión de la red –hay 11.500 kilómetros de carreteras autonómicas, subraya–, insiste en que las operaciones de conservación y mantenimiento son obligatorias.

«En las circunstancias derivadas del actual contexto climático, teniendo en cuenta que la falta de reparación de los daños ocasionados o agravados por los episodios meteorológicos recientes puede afectar a la seguridad del tráfico y con ello, a las personas y bienes, consideramos, en la línea de lo indicado, que se deben adoptar a la mayor brevedad posible las medidas necesarias para garantizar un adecuado estado de conservación de las carreteras de su competencia», destaca la resolución de oficio dirigida a la Consejería que capitanea José Luis Sanz Merino, antes de insistir en que las intervenciones «deben partir de un detallado estudio técnico».

Una vez elaborado ese diagnóstico que permita verificar el estado de las carreteras e identificar los daños, el Común solicita un plan que dé prioridad a los arreglos en aquellas que, «por sus características y estado», tengan más afluencia o soporten mayor intensidad de circulación, las que no cuenten con itinerarios alternativos o las que puedan generar más situaciones de riesgo y, pide restricciones «temporales o permanentes a la circulación» en los tramos más afectados.

«En dicho plan consideramos imprescindible incorporar actuaciones que incluya, entre otras medidas, la reposición del firme y márgenes de las carreteras que hayan resultado dañadas, la reposición de la señalización y balizamiento y la reconstrucción de elementos anejos a la carretera, como la limpieza de los sistemas de drenaje o la excavación en zanja en limpieza de cunetas y obras de fábrica.

Precisamente en los sistemas de drenaje, así como en las redes de alcantarillado, es donde el Procurador ha puesto el foco en la petición enviada a los ayuntamientos de Castilla y León con más de 5.000 habitantes, pues considera que las intensas lluvias de las últimas semanas han evidenciado que existen deficiencias en este tipo de redes, a pesar de que se trata de «infraestructuras básicas para la seguridad, la movilidad y el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana» en la vía pública.

A juicio de la institución dirigida por Quintana, la «sucesión de precipitaciones de elevada intensidad en cortos periodo de tiempo» ha provocado balsas en calzada y aceras o ha anegado inmuebles y accesos a barrios, lo que tiene una «especial incidencia» en los peatones y, sobre todo, en personas con movilidad reducida.

Se trata de situaciones que, según les transmite a los grandes consistorios, se repiten cada vez que hay un episodio de lluvia intensa, así que revelan que no se han solventado los problemas. «En determinados puntos existen carencias estructurales o deficiencias de mantenimiento de las redes públicas de recogida de agua, al generar incidencias en los sistemas de evacuación ya detectadas en episodios anteriores y que lamentablemente no habían sido corregidas por las administraciones competentes», les recuerda, a modo de tirón de orejas.

Por eso les pide que, además de las actuaciones ordinarias de limpieza de rejillas, sumideros y colectores, adopten medidas de refuerzo en los «puntos más conflictivos», entre las que les sugiere la redistribución y aumento de los puntos de captación de aguas pluviales, la ampliación de la capacidad hidráulica de determinados tramos de la red, la corrección de pendientes y rasantes que favorezcan la acumulación de agua, la instalación de sistemas de alivio o bombeo en zonas especialmente deprimidas y la identificación preventiva de puntos vulnerables mediante estudios técnicos específicos, enumera en la resolución.

También les propone «soluciones más innovadoras», como el uso de pavimentos permeables o semipermeables en determinadas áreas, la creación de elementos de retención o laminación temporal del agua y la planificación de sistemas de drenaje urbano sostenible que reduzca la presión inmediata sobre la red de alcantarillado convencional.

Y es que, valora Tomás Quintana, los fenómenos meteorológicos extraordinarios condicionan la «funcionalidad» de los sistemas de evacuación y es necesario «avanzar hacia modelos urbanos más resilientes y adaptables a nuevas circunstancias, reduciendo el riesgo de inundaciones en la vía pública.