Castilla y León refuerza el centro de emergencias y triplica la plantilla

La gestión de las emergencias en Castilla y León afronta una de sus mayores transformaciones de la última década. La Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha una reforma que redimensiona el cerebro de la seguridad autonómica. Castilla y León refuerza su centro de emergencias y triplica su plantilla en una maniobra que busca adaptar los recursos a una realidad post-pandémica donde «las intervenciones se han disparado», según apunta Esperanza Garrido, jefa de Servicio de la Agencia de Protección Civil.

Las obras ya forman parte de la rutina diaria en la planta baja del edificio situado en el paseo del Hospital Militar de Valladolid. Allí, los operarios trabajan desde finales de octubre para que la ampliación de los servicios centrales esté terminada a principios de año. El objetivo es ganar metros y capacidad operativa: el recinto pasará de cuatro a cinco puestos de control y, como novedad principal, albergará la sede física del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) autonómico. Se trata de una sala de crisis diseñada con tabiques móviles y tecnología punta donde se tomarán las decisiones críticas cuando una emergencia supere el nivel ordinario.

Sin embargo, el cambio más drástico no es el arquitectónico, sino el humano. El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones ha decidido multiplicar su número de trabajadores. La plantilla del centro aumentará de las actuales 13 personas a un total de 38 profesionales. Este incremento permitirá, por primera vez, una descentralización real de la gestión de crisis. De los nuevos efectivos, 20 permanecerán en los servicios centrales de Valladolid (18 técnicos de operativa y dos nuevos perfiles de gestión y análisis), mientras que los otros 18 se desplegarán por el territorio.

La estrategia pasa por colocar a dos técnicos especializados en cada una de las nueve delegaciones territoriales. Estos profesionales actuarán como una extensión del centro de mando, asistiendo a los delegados territoriales y ofreciendo una respuesta inmediata sobre el terreno. «El territorio de Castilla y León es muy extenso y la movilización de recursos debe ser rápida; movernos desde Valladolid a León cuesta tiempo, por lo que queremos tener el primer embate de la gestión muy cerca del lugar del incidente», explica.

Los nuevos técnicos se incorporarán, previsiblemente, a partir del próximo mes de mayo, si se cumplen los plazos administrativos. Funcionarán, en la práctica, como pequeños centros de coordinación provinciales integrados en los Centros Provinciales de Mando (CPM), garantizando una guardia presencial y localizada las 24 horas del día, los 365 días del año.

Existe una confusión habitual entre la ciudadanía que los responsables del servicio se esfuerzan en aclarar: el centro coordinador de emergencias no es el 112. Aunque conviven en la misma dirección general y comparten tabique, son organismos diferenciados. El 112 funciona como la puerta de entrada, un 'call center' que recibe la alerta ciudadana. Cuando esa llamada se convierte en una crisis compleja –un rescate de montaña, una nube tóxica, una inundación o un gran incendio– el mando pasa al centro coordinador de emergencias.

«Gestionamos cualquier emergencia que necesite movilizar recursos o asesoramiento técnico», matiza. Para afinar esta labor, la reforma incluye la creación de dos puestos específicos de ‘Gestión, Análisis y Planificación’. Su misión será anticiparse al desastre. Estos analistas cruzarán datos meteorológicos con mapas de riesgo para predecir, por ejemplo, qué poblaciones concretas deben ser evacuadas ante la crecida de un río o cómo afectaría una nube tóxica tras un accidente de mercancías peligrosas.

«Se trata de jugar con toda la información disponible para minimizar el riesgo que puedan sufrir las personas, el patrimonio o las infraestructuras», detalla la jefa de servicio de la Agencia de Protección Civil. Esta labor de inteligencia se apoyará en una nueva plataforma tecnológica que servirá de catálogo de medios y recursos. El sistema permitirá conocer en tiempo real dónde está cada quitanieves, cada motobomba o cada agrupación de voluntarios, optimizando un despliegue que, por definición, cuenta con recursos limitados.

El presupuesto respalda este cambio de modelo. La partida destinada a personal se dispara de 1,3 millones a 3,2 millones, mientras que la obra civil suponen una inyección cercana al medio millón.

Esta inversión responde a un cambio de paradigma social detectado tras el confinamiento. La sociedad ha cambiado su forma de relacionarse con el entorno. «Desde que acabó la pandemia nos dimos cuenta de que a la población le ha dado por moverse más; la gente toma más conciencia de los riesgos, pero también se expone más», reflexiona Esperanza Garrido. El turismo de interior, el senderismo y la actividad en el medio natural se han intensificado, y con ello, los accidentes.

A esto se suma el envejecimiento de la población, que «ha multiplicado los operativos de búsqueda de personas mayores desorientadas en el medio rural y ha provocado un incremento exponencial en el tránsito de mercancías peligrosas por las carreteras de la Comunidad».

Las estadísticas internas de la Agencia de Protección Civil confirman la percepción de los técnicos: hoy, Castilla y León es un escenario mucho más activo en cuanto a emergencias que hace cinco años. «El punto de inflexión fue la crisis sanitaria de la COVID-19». La salida del confinamiento trajo consigo una explosión de actividades al aire libre que ha tensado las costuras del sistema de respuesta.

Según los datos que maneja el Centro Coordinador de Emergencias, las intervenciones de rescate se han duplicado en el último lustro. «Antes podíamos tener al año unos 100 rescates; ahora gestionamos casi 200», asegura Esperanza Garrido. No es el único indicador que sube. Las incidencias relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas y las búsquedas de personas desaparecidas –sobre todo ancianos en el entorno rural– también muestran una curva ascendente.

En concreto, los registros oficiales detallan un incremento sostenido de la actividad que partió de las 1.045 intervenciones en 2022 y escaló hasta las 1.331 incidencias gestionadas a lo largo de 2024. La proyección para el presente ejercicio mantiene esa línea creciente, ya que hasta el 31 de octubre los equipos ya han coordinado 1.223 actuaciones, una cifra que roza el total acumulado de todo el año anterior.

El análisis pormenorizado de las estadísticas revela que el entorno natural y las actividades al aire libre concentran gran parte de los esfuerzos. Los rescates de montaña y las operaciones de búsqueda destacan por su volumen, con un pico significativo en 2024, año en el que se atendieron 215 rescates y 272 búsquedas. Aunque las cifras parciales de 2025 muestran una ligera contención en estos ámbitos específicos; otros sectores han disparado las alarmas. Resulta especialmente llamativo el dato de incendios forestales gestionados por este nivel de coordinación, que tras mantenerse en valores bajos durante los dos años previos, ha saltado hasta las 52 intervenciones en los primeros diez meses de 2025, igualando así la siniestralidad registrada en los fuegos en industrias.

Junto a las emergencias medioambientales, la asistencia sanitaria en lugares públicos marca este año su propio récord histórico con 192 casos gestionados antes de finalizar el ejercicio, lo que supera cualquier registro precedente. A esto se suma la constancia en los incidentes de tráfico y ferroviarios, que se estabilizan en torno a las 200 actuaciones anuales, y el crecimiento paulatino de los rescates acuáticos.