PLENO CORTES
Las Cortes exigen al Gobierno que la cobertura de banda ancha y 5G llegue este año a toda Castilla y León
La propuesta ‘popular’ contó con el apoyo de Vox y UPL-Soria Ya, que criticaron la “falta de compromiso” de la Junta, y el PSOE se abstuvo
Segunda sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León
Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy una proposición no de ley para exigir al Gobierno de España que la cobertura de banda ancha y 5G llegue, antes de que finalice el presente año, a todo el territorio de la Comunidad, gracias al voto favorable del Grupo Parlamentario Popular, como proponente, al que se adhirieron Vox y UPL-Soria Ya, así como el representante de Por Ávila, no sin antes criticar la “falta de compromiso y de voluntad política” de la Junta con la extensión de la conectividad a toda Castilla y León.
Por su parte, el PSOE se abstuvo, como también hizo el representante de Podemos en las Cortes, bajo la premisa de que la banda ancha “ya está implantada en toda España gracias a un Gobierno socialista”. La propuesta contó, además, con el voto contrario de Francisco Igea.
La propuesta ‘popular’, defendida por Elena Rincón, instaba a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para “cumplir con los compromisos establecidos en la Estrategia España Digital 2026, de modo que el cien por cien de la población de Castilla y León, viva donde viva, disponga de cobertura real de banda ancha móvil de 100 Mbps en 2025”, así como que la cobertura 5G llegue a todas las zonas rurales de la Comunidad.
Rincón lamentó que Castilla y León esté “a la cola de cobertura 5G en España”, con un 86,6 por ciento, nueve puntos por debajo de la media española. “Y todo ello pese a que la Estrategia Digital comprometía la cobertura cien por cien en 2025” para la Comunidad.
“Hablamos de familias que no pueden hacer una videollamada y teletrabajadores que no se pueden conectar”, apuntó Rincón, que consideró “increíble” que haya puntos en Castilla y León donde “la conexión a internet sea tan precaria que suponga un obstáculo diario”. Recordó además que “no solo es factor de competitividad, sino de igualdad entre los habitantes del mundo rural y urbano”, y que el “déficit” de Castilla y León “dificulta la implantación de empresas y población en el medio rural”.
“Afecta al desarrollo económico y social y a la seguridad y la vida de las personas”, concluyó, defendiendo una reivindicación que “el Parlamento debe defender a una sola voz” frente a un Gobierno al que pidió “dejar de presentar estadísticas maquilladas” y cumplir con los compromisos de la Estrategia España Digital 2026.
Sin embargo, la procuradora socialista Laura Pelegrina planteó que “Mañueco está tocado y con la presentación de esta proposición no de ley, desesperado” por pedir al Gobierno de España “la eterna promesa de la Junta de Castilla y León: la banda ancha”.
Recordó así que el PP “lo lleva prometiendo legislatura tras legislatura y en la campaña electoral cuando la competencia es estatal”, y tras recordar varias de las promesas de los dirigentes ‘populares’ en la Comunidad en las últimas dos décadas para “garantizar la banda ancha al cien por cien de Castilla y León”, aseguró que es el Gobierno el que trabaja en la implantación de este sistema en el territorio.
“Llegan tarde, la banda ancha ya está implantada en toda España, y el cien por cien de la población de Castilla y León tiene conectividad gracias a un Gobierno socialista que ha puesto en marcha la eterna promesa del PP”, concluyó Pelegrina.
En su respuesta, Rincón reconoció que “es cierto que los índices de conectividad han mejorado, pero en muchos pueblos sigue sin ser real y marca la diferencia entre quedarse o marcharse”, por lo que reiteró su petición al Gobierno como administración que “ostenta la competencia en telecomunicaciones”, dado que la falta de conectividad afecta a “posibles nuevos pobladores que pueden generar crecimiento y se encuentran una barrera insalvable con la cobertura”.
Críticas a Gobierno y Junta
En Vox, a través de la procuradora María Luisa Calvo, consideraron que la Junta “no ha logrado garantizar el acceso a internet en algunos núcleos de población y polígonos” de la Comunidad, por lo que “la brecha digital no es solo cuestión de aislamiento geográfico, sino de falta de voluntad política del Partido Popular para situar la conectividad como prioridad estratégica”.
“Esta negligencia tecnológica está contribuyendo directamente al abandono del territorio, la despoblación y la pérdida de oportunidades”, mantuvo Calvo, que consideró que aunque el Gobierno tenga la obligación de garantizar los fondos suficientes, “hay que reforzar las condiciones de seguimiento de estos fondos y obligar a las operadoras a cumplir compromisos de servicio en las zonas rurales con la colaboración de la Junta”, para que la falta de conectividad no sea “uno de los principales obstáculos para desarrollo y fijación de la población en el medio rural”.
Previamente, Alicia Gallego, en representación del Grupo UPL-Soria Ya, consideró que “sin conexión, difícilmente es posible dar validez a una situación de igualdad”, y aseguró que “invertir es apostar por los territorios”, por lo que afeó, tanto al Gobierno como a la Junta, la “falta de compromiso” con municipios de la Región Leonesa que siguen con incidencias de conectividad, lo que “genera no solo desconexión con el entorno, sino que impide poder realizar una vida normal para acceder a servicios básicos como la sanidad”.
Desde el Grupo Mixto, fijó la posición de Por Ávila su procurador, Pedro Pascual, que recordó que “la conectividad digital hoy en día no puede ser un lujo sino una necesidad a la que cualquier ciudadano pueda acceder”, pero en Castilla y León “hay pueblos que no tiene cobertura telefónica o tienen incidencias constantes”, por lo que anunció su voto a favor de la propuesta aunque recordó que la Comunidad “también tiene competencias” para avanzar en la conectividad digital de sus municipios.
Por su parte, Francisco Igea aventuró que “cuando uno acerca el oído y oye 100 megas en estas Cortes, es que se acercan las elecciones”, y recordó que, ante los anteriores comicios, Mañueco “prometió 100 megas para 2025” y ahora el PP “se lo pide al Gobierno”. “¿Por qué lo prometió entonces el señor Mañueco, si no era de su competencia?”, preguntó el procurador vallisoletano a Elena Rincón, para concluir que “todo vale” y que “el grado de desfachatez es notable” porque “dado que no es competencia de Mañueco, nunca lo debió prometer”.