El Común pide que se apruebe un ‘certificado de vulnerabilidad’ en Castilla y León para acceder a ayudas sociales
El Procurador reclama a la Consejería de Familia una regulación «homogénea»
El actual «vacío legal dificulta» la obtención de apoyos
Usuario del comedor social de Valladolid, en una imagen de archivo.
La obtención de ayudas sociales varía en función de los requisitos que establezca la 'letra pequeña' de cada medida o de los análisis efectuados por los trabajadores sociales, pero no existe en la actualidad en Castilla y León un informe único que acredite que una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social. Ese «vacío legal», considera el Procurador del Común, puede generar «dificultades» a la hora de acceder a los apoyos, así que ha solicitado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que regule la emisión de un «certificado de vulnerabilidad».
El objetivo es que los ciudadanos puedan acreditar de forma inmediata –mediante un documento– que no disponen de recursos propios suficientes, en aras de que las administraciones públicas agilicen la prestación de auxilio bajo unos criterios unificados.
A juicio de la institución dirigida por Tomás Quintana, «la elaboración y aprobación de una normativa específica reguladora del procedimiento de emisión de los informes de vulnerabilidad» facilita que las personas con «mayor fragilidad al sistema público de protección social» logren apoyos «en condiciones de igualdad» y consigue «prevenir situaciones de exclusión social o pobreza».
Ahora, según ha constatado el conocido como Defensor del Pueblo a partir de la respuesta facilitada por la Administración autonómica en relación a su requerimiento, hay algunos apoyos sociales que sí establecen unos requisitos concretos para que una persona resulte beneficiaria (así como para su comprobación y el procedimiento a seguir), pero otros no. De hecho, hay regulaciones en las que «no se prevé nada al respecto, derivando simplemente a los servicios sociales», aclaró el departamento gestionado por Isabel Blanco en respuesta al Común.
Esta disyuntiva, según enmarca el Procurador, viene dada «por la inexistencia en Castilla y León de un mecanismo o procedimiento específico y homogéneo regulador de la obtención de los informes o certificados acreditativos de la vulnerabilidad, impidiendo así a los ciudadanos que se encuentran en riesgo de exclusión social el acceso a los apoyos públicos en condiciones de igualdad», expresa en una reciente resolución.
Por eso Quintana incide en la necesidad de impulsar en la Comunidad la creación de un ‘certificado de vulnerabilidad’, como «medio crucial para quienes se encuentran en una situación económica delicada».
El hecho de aprobar un «procedimiento específico para su expedición» supondría acabar con el «vacío legal existente en la actualidad», que «genera a las personas en situación vulnerable o en riesgo de exclusión incertidumbre, inseguridad jurídica y dificultades a la hora de acceder a los apoyos previstos».
La ausencia de un documento implica que el acceso a los apoyos «se ve condicionado por la necesidad de acreditar de forma fehaciente esa situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social», y eso depende del informe que emitan los servicios sociales, «siendo muy variada la casuística de estas acreditaciones o certificaciones», añade la institución en el expediente donde reclama el desarrollo de la normativa autonómica.
Más allá de todos estos argumentos, el Común considera el ‘certificado de vulnerabilidad’ como un documento «vital» e «imprescindible para justificar la necesidad de ayuda». «Su obtención puede suponer la diferencia entre caer en una situación de pobreza o salir de una situación de riesgo de exclusión social y económica», añade en el escrito emitido a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
La petición se sustenta, además, en que la propia normativa autonómica recoge que la consejería competente en la materia tiene que asumir «la elaboración y aprobación de los instrumentos técnicos y protocolos necesarios para homogeneizar la valoración de las situaciones de necesidad, la determinación del cumplimiento de los requisitos de acceso, los procedimientos para el reconocimiento de las prestaciones, la dispensación de éstas y el desarrollo de la intervención y atención de casos».
Se trata, según refleja el articulado de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León (Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León), de «asegurar el funcionamiento integrado, unificado y coordinado del sistema».
Datos de pobreza
Uno de cada cuatro ciudadanos residentes en Castilla y León está en riesgo de pobreza o exclusión social, según la Encuesta de Calidad de Vida del INE (datos de 13 de febrero de 2025) a la que alude el Procurador del Común en su resolución para solicitar la creación de un ‘certificado de vulnerabilidad’. El dato concreto es un 24%, algo superior al 22,4% que refleja el informe ‘El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León’ (2024) de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla y León (EAPN CyL). Según esta referencia, más de medio millón de personas de la Comunidad vive en una situación económica delicada.
A nivel nacional, el XV Informe Anual ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES (European Anti-Poverty Network) de 2025, revela que el 25,8% de la población española (es decir, unos 12,5 millones de personas) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, siendo mayores los porcentajes de carencias materiales en hogares con personas de referencia mujeres, especialmente jóvenes y monoparentales, así como en familias numerosas o con personas de nacionalidad extranjera no comunitaria.
El Procurador recuerda en su análisis que a finales de 2024 se aprobó en España la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030, sustentada en tres objetivos estratégicos: garantía de recursos, inversión social en las personas, y protección y garantía del Estado de Bienestar.
Desde la perspectiva de la cohesión social, añade el expediente rubricado por Tomás Quintana, el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de esta Estrategia representa un importante desafío para las administraciones públicas, teniendo en cuenta los retos sociales en nuestro país y, concretamente, la importancia de alcanzar los objetivos nacionales de reducción de la pobreza en el horizonte de 2030, como está comprometido en el marco del referido Plan social europeo: reducir el riesgo de pobreza y exclusión social de la población total al menos hasta el 20,2% y, en el caso de la población infantil, al 22,7 %.