SECTOR FORESTAL

Un nuevo decreto obliga a los dueños de los montes de Castilla y León a planes de prevención de incendios

Medio Ambiente publica una ordenación forestal que impone desbroces y zonas de claros a modo de cortafuegos, facilita las nuevas tecnologías y simplifica trámites

Los propietarios forestales celebran el nuevo marco normativo como «un paso adelante»

Dos caminantes recorren un paisaje arrasado por el fuego el pasado mes de agosto en Castropodame (León).ICAL

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Valladolid

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Se llevaba gestando desde hace meses, pero ha sido después de la oleada de incendios del pasado mes de agosto cuando el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el nuevo Decreto de planificación y ordenación forestal en la Comunidad. La norma obliga a los dueños de superficie forestal, ya sean administraciones públicas o propietarios privados, a establecer planes de prevención de incendios «con medidas específicas de reducción del riesgo, tanto en cuanto a los trabajos preventivos que se considere necesario abordar, como en cuanto a la organización general de los combustibles vegetales».

En otras palabras: los gestores forestales deberán planificar acciones tales como desbroces para limpiar el monte de un exceso de madera seca que pueda incrementar los riesgos, y también deberán planificar la colocación del arbolado para que existan zonas, a modo de cortafuegos, en las que sea más fácil de sofocar una posible deflagración.

En concreto, el texto del decreto dice «se priorizará la consideración de accesos adecuados, así como, con carácter general, la consecución de masas maduras constituidas por especies bien adaptadas al medio geoclimático y resilientes a episodios de sequía, en las que se propicie una adecuada discontinuidad vertical y horizontal de combustible, todo ello de acuerdo con las condiciones diferenciales del medio y priorizando las actuaciones en los puntos estratégicos de gestión y en las áreas de actuación singularizada».

El documento subraya, además, que los instrumentos de ordenación forestal «deben considerar la prevención de incendios forestales como parte esencial de la gestión forestal sostenible, así como analizar el riesgo de incendios forestales y su problemática dentro de su ámbito territorial».

Es el asunto de más actualidad de cuantos ordena el nuevo decreto, pero ni mucho menos el único. El marco normativo simplifica los tediosos trámites administrativos a cumplimentar por los propietarios forestales y, sobre todo, abre la puerta al uso de nuevas tecnologías en la gestión forestal, a la par que se ocupa de la ordenación de estrategias de introducción de fitosanitarios de última generación en la lucha contra nuevas plagas de los bosques de Castilla y León, como es, por poner un ejemplo, la avispilla del castaño.

Avance

La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle) acogió el viernes con interés la publicación en el Bocyl de este Decreto, el 12/2025, de 4 de septiembre: «La Federación considera que este nuevo marco normativo constituye un avance significativo para el sector forestal. Simplifica trámites, aporta seguridad jurídica y abre la puerta al uso de nuevas tecnologías en la gestión forestal», destacaron desde la organización. «Entre las principales novedades, la norma incorpora instrumentos que favorecen la modernización de la planificación, como los inventarios forestales continuos, los referentes selvícolas o la utilización de plataformas digitales para la elaboración y seguimiento de los planes de gestión».

Así, la Federación celebra que varias de sus propuestas hayan sido recogidas en el texto definitivo. En cuanto a los montes públicos y privados, por ejemplo, se eliminó la redacción que contraponía el valor de unos frente a otros. «El decreto finalmente reconoce la importancia de todos los montes, públicos y privados, y de los múltiples recursos que albergan», subrayan en Fafcyle.

También valoran la claridad en los aprovechamientos: «se corrigió la posible contradicción con la Ley de Montes, de modo que los titulares de montes ordenados solo deben realizar la comunicación previa de los aprovechamientos maderables y leñosos, sin trámites adicionales».

Visor de montes

En cuanto a las obligaciones administrativas «se moduló la exigencia de presentar un informe estadístico anual, que en la versión inicial afectaba a todas las explotaciones, limitándose ahora a planes colectivos o a superficies de mayor dimensión». Por otro lado,Dos caminantes recorren un paisaje arrasado por el fuego el pasado mes de agosto en Castropodame (León).ICAL queda condicionada a un desarrollo reglamentario y bajo garantías de protección. «Estos cambios refuerzan la utilidad del decreto y muestran que la participación del sector ha contribuido a mejorar la redacción final», detallan.

Atomización

Más allá de los aspectos técnicos, Fafcyle, que representa a más de 50.000 propietarios forestales con 500.000 hectáreas –la mitad de la superficie forestal privada de Castilla y León–, subraya que el nuevo decreto «constituye una oportunidad para afrontar uno de los grandes retos históricos del sector: la atomización de la propiedad forestal».

Y es que, explica la entidad, la dispersión de pequeñas parcelas y el abandono han dificultado durante décadas la aplicación de una selvicultura moderna y competitiva. El decreto, al introducir figuras como los planes colectivos o los referentes selvícolas, ofrece herramientas que pueden favorecer la gestión conjunta y simplificada del minifundio. «El sector llevaba tiempo esperando un marco normativo que nos ayudara a superar esta fragmentación. La gestión colectiva y la simplificación administrativa, pueden ser determinantes para movilizar el potencial productivo de nuestros montes», señalan.

Eso sí, «la aprobación del decreto supone un hito relevante, pero su verdadero impacto dependerá de cómo se aplique en el territorio y de los recursos que se destinen», apunta Fafcyle, que insiste en la importancia de que «se garantice el acompañamiento técnico y administrativo a los propietarios forestales, para que puedan adaptarse a las nuevas exigencias y aprovechar las oportunidades que abre la norma».

«Con esta nueva normativa, Castilla y León actualiza la regulación de la ordenación, vigente desde 1999, y se dota de un instrumento adaptado a los retos del siglo XXI: el cambio climático, la digitalización, la bioeconomía y la lucha contra los incendios», concluye.

Obligados y beneficios

El documento establece cuáles son los montes obligados a contar con un instrumento de gestión forestal: los catalogados de utilidad pública, los declarados protectores y los que tengan más de 500 hectáreas de superficie forestal arbolada con superficie cubierta (algo así como la sombra que suman los árboles que contiene) al 20%, o bien de 250 hectáreas, también con ese 20% y con una edad media del arbolado superior a 80 años.

Es decir: los propietarios de minifundios no están obligados a contar con ese instrumento, si bien la norma facilita que se unan en áreas más grandes para desarrollar uno de ellos entre varios propietarios. Y establece además beneficios para quienes lo hagan: los propietarios de montes con certificación de gestión sostenible serán prioritarios a la hora de recibir subvenciones e incentivos o de disfrutar de beneficios fiscales.

Biodiversidad

El decreto plantea también instrumentos para preservar la biodiversidad de los bosques en los instrumentos de gestión forestal, que deben considerarla como «parte de la sostenibilidad que propugnan, incluyendo medidas de compatibilización de los usos previstos con la conservación».

La norma pone en el foco, sobre todo, a los montes catalogados de utilidad pública o protectores (es decir, que desempeñan funciones ecológicas o de interés general, como la regulación del agua o la protección del suelo contra la erosión), y de modo especial a los espacios de la Red Natura 2000. Se trata de planes que deben adoptar «medidas tendentes a la restauración o al mantenimiento del estado favorable de conservación de los hábitats y de las especies de interés, y le sea reconocido tal carácter en su acto de aprobación».

Cambio climático

Los instrumentos de ordenación forestal deberán incorporar «de forma justificada, determinaciones coherentes con las expectativas científicas de cambio en los escenarios climáticos, y articularán prácticas de manejo adaptativo que permitan minimizar la gravedad de sus efectos». De hecho, los proyectos de ordenación «considerarán de forma expresa los escenarios climáticos en el diseño de cortas intercalares y finales y en los mecanismos de consecución de la regeneración, y tanto ellos como los planes dasocráticos y técnicos incorporarán medidas de adaptación».

La Consejería de Medio Ambiente promoverá el establecimiento de sistemas de seguimiento de los cambios ambientales en aquellos montes que cuenten con una trayectoria continuada de ordenación superior a un siglo, así como en otros representativos de las principales formaciones forestales que cuenten con proyectos de ordenación anteriores a 1975.

Seguimiento

Para fiscalizar el cumplimiento de la ordenación de los montes, la Administración autonómica prevé una serie de acciones de seguimiento, como la obligatoriedad de archivar, durante al menos cinco años, todas las facturas y recibos relativas a aprovechamientos y mejoras que se llevan a cabo, así como un libro de contabilidad de explotación forestal.

En el caso de proyectos de ordenación y planes dasocráticos, además, la norma obliga a la llevanza de un Libro de Crónica, en formato electrónico, en el que se irán consignando en una geodatabase los principales eventos acaecidos en cada monte de su ámbito. Por otro lado, se establece que, como mínimo, se incluirá el resultado de una visita de inspección anual. Los gestores forestales deberán remitir a la Dirección General un informe estadístico anual en el que se declare el resultado de los aprovechamientos forestales desarrollados en el monte y de forma específica el volumen de productos extraídos.

El cumplimiento del seguimiento de los instrumentos de ordenación será condición indispensable para la obtención de ayudas públicas autonómicas relacionadas con la gestión del monte. La redacción de los instrumentos de ordenación, detalla el Decreto, deberá ser dirigida y supervisada por profesionales con titulación forestal universitaria.

Digitalización

El impulso a las nuevas tecnologías y a la digitalización de la gestión forestal es uno de los principales objetivos de la nueva norma. La Consejería de Medio Ambiente pondrá a disposición pública a través de internet aplicaciones informáticas que faciliten la compilación de los instrumentos de ordenación y sus revisiones con arreglo a unos estándares de formato predeterminados que aseguren la normalización de la información.

La Consejería promoverá la extensión de la certificación forestal en los montes de Castilla y León y en especial la incorporación de los montes que gestiona a sistemas de certificación forestal cuyos estándares de sostenibilidad sean internacionalmente reconocidos.

Caza y ganadería

La regulación de la actividad cinegética no será objeto de los instrumentos de ordenación, pues debe regirse en su caso por la Ley de Caza, sin perjuicio de que los aprovechamientos cinegéticos sean consignados en el instrumento de ordenación y de las eventuales disposiciones de este sobre las cargas máximas de ungulados que sea preciso mantener para evitar daños a la funcionalidad del ecosistema forestal.

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Por otro lado, la regulación de la actividad ganadera será objeto de los instrumentos de ordenación solo en lo que respecta, en su caso, a la fijación de cargas máximas o mínimas, tipos de ganado, periodos de permanencia y pautas de manejo, de modo que se optimice su efecto beneficioso en el control del matorral, el mantenimiento de los hábitats de pastizal y la reducción del riesgo de incendios, y se eviten los efectos negativos que pudiera suponer sobre la regeneración del arbolado, sobre la conservación de los hábitats de pastizal más frágiles o en general sobre la funcionalidad del ecosistema.