La Junta muestra "preocupación" tras las reuniones de Sánchez con sus socios "por si pueden perjudicar a Castilla y León"

"Preocupación" en la Junta de Castilla y León por las últimas reuniones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con sus socios de investidura. Sin información de lo que se acuerda en esos encuentros, desde el Ejecutivo autonómico mantienen así la cautela por si las cuestiones que se ponen encima de la mesa "perjudican" a la Comunidad.

Así se expresó el portavoz Carlos Fernández Carriedo, tras la reunión posterior al Consejo de Gobierno en la que aseguró que "estos días" están "preocupados" por las reuniones de Sánchez con representantes de Junts, ERC o Bildu. Encuentros "a puerta cerrada" y que impiden conocer su contenido, más allá de los detalles sobre el "estado de ánimo" del presidente del Gobierno tras la convulsión que sufre su Gobierno por la trama que afecta al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Carriedo apuntó que se desconoce lo que se habla en esos encuentros entre el presidente del Gobierno central y sus socios, pudiendo ser «nuevas exigencias» de los socios del Gobierno que "puedan perjudicar todavía más a Castilla y León" y que, en definitiva, "estén encareciendo la factura para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno" . A renglón seguido, recordó que al inicio de la legislatura se adoptó un acuerdo en materia de financiación autonómica con los partidos separatistas al margen del resto de comunidades.

6.000 millones de infrafinanciación

Si mostró "preocupación" por esos encuentros, el portavoz de la Junta también reflejó ese mismo sentimiento con la infrafinanciación que sufre Castilla y León a consecuencia de la no aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, "sin vigencia desde 2014".

Su reclamación llegó tras aprobarse, por parte del Gobierno, un real decreto para actualizar las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, que en el caso de Castilla y León supondrá recibir 9.522 millones de euros, un 2,5% más que el ejercicio anterior.

"Siempre he manifestado la seguridad de que se terminaría pagando", expresó Carriedo, aunque aseguró que la situación de la Comunidad, con una "financiación saneada", ha conllevado que esa espera estos seis primeros meses del año debido se haya realizado "con normalidad". 

No obstante, apuntó que el Gobierno ha tardado "más de lo deseable", lo que ha provocado que los pagos realizados por los ciudadanos de Castilla y León en el IVA (minorista) e IRPF fuesen con destino a las arcas del Gobierno central. Ahora, una vez aprobado el real decreto, se transferirá a la Comunidad a través de una nuevas entregas a cuenta. "Estábamos seguros", volvió a repetir sobre el pago de estas cantidades.

Además, urgió a poner en marcha un nuevo modelo de financiación, que recordó que caducó en 2014 y "por culpa" de esa no renovación ha supuesto la pérdida de 6.000 millones frente a otra distribución "más justa" y "adaptada" al coste efectivo de los servicios. Por ello, insistió en que en el pasado enviaron sus sugerencias para iniciar una reforma, pero no han tenido respuesta por parte del Gobierno, a pesar de que es un asunto tratado en las dos últimas Conferencias de Presidentes.

Finalmente, recordó que el Gobierno tiene que actualizar también las remuneraciones de los empleados públicos, que se encuentran “congeladas”.

Reparto de menas

Por otro lado, el portavoz de la Junta lamentó que el Gobierno no haya informado aún a las comunidades sobre "la distribución, el número de personas y las características" del reparto de menores migrantes no acompañados (menas), máxime con la posibilidad de que este reparto se produzca en el próximo mes, como avanzó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

De producirse, Carriedo aseveró que Castilla yLeón «difícilmente» estará en condiciones de hacer las inversiones requeridas en los centros, contratar y formar equipos, ni garantizar una atención personalizada a los menores.

"El mecanismo adecuado sería hacerlo de manera colaborativa y no el actual, de imposición y desigual", apuntó Carriedo, en declaraciones recogidas por Ical, en las que además criticó que se quiera incrementar en un 300% el número de menores acogidos en Castilla y León, cuando en Cataluña el aumento será de "solo el 5%".

Empresas vinculadas con Cerdán

Sobre el informe de la UCO que señala a ciertas empresas vinculadas con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por el cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública, Carriedo afirmó que desde la Junta estarán “siempre vigilantes” con las tramitaciones administrativas y defendió que las contrataciones de Castilla y León se han hecho "con toda normalidad" y de acuerdo a la normativa vigente.

Al respecto, el portavoz de la Junta insistió en que el Gobierno autonómico no conoce el listado detallado de empresas afectadas para poder llevar a cabo un análisis de cada expediente. En cualquier caso, se mostró seguro de que no se han dirigido a ellos en el "mismo sentido" o con una "orientación igual" que lo han hecho con otras administraciones. Además, apuntó que el Ejecutivo actúa siempre dentro de los márgenes de la ley de contrato.

Carriedo sostuvo que las grandes compañías, que la UCO considera que pagaron mordidas a cambio de contratos de obra pública, se pueden haber presentado a concursos en diferentes territorios, no así otras empresas locales implicadas en este caso.

Finalmente, recordó que el Ejecutivo autonómico revisó sus contratos de mascarillas cuando se inicio el caso ‘Koldo’ referido a esos expedientes suscritos durante la pandemia del Covida-19. Entonces, apuntó, no detectaron ninguna incidencia “reseñable”, mientras en ese procedimiento aparece citados el Gobierno y algunas comunidades.