PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto se unen para limitar la publicidad institucional

Los grupos parlamentarios del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto en las Cortes se unieron para limitar la publicidad institucional de los medios de comunicación de Castilla y León. En concreto, se topará al 33% del importe neto de su cifra anual de negocio, algo que contó con el voto en contra del Partido Popular, quien acusó a los partidos políticos de tratar de “censurar” a los medios, con un deseo de “amordazarlos” e “intimidarlos”, según informa Ical.

Cerrado el debate en la Comisión de la Presidencia de hoy, con la aprobación de 34 de las 38 enmiendas presentadas, el texto definitivo será debatido en el pleno después de la proposición de la ley, registrada hace más de un año por el procurador Pablo Fernández (Unidas Podemos) y tomada en consideración en diciembre. Por lo tanto, queda listo para que se trate por el pleno de la Cámara, en principio en este periodo de sesiones, en la última sesión ordinaria del 24 y 25 de junio.

Los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Nuria Rubio, y de Vox, Miguel Ángel Suárez Arca, reconocieron que la mayor parte de las transacciones pactadas entre PSOE y Vox son “acuerdos de mínimos”, aunque el deseo de ambos era que los textos fueran “más amplios” pero apuntaron estar “conformes”, tras la cesión de “todas las partes” y dejar de lado sus “percepciones”.

En concreto, no hubo acuerdo entre el PSOE y Vox en las enmiendas que fomentaba la igualdad entre hombres y mujeres ni en cuanto a los temas ideológicos, en relación a la opinión de la comunidad científica. En cambio, salieron adelante textos que recogen que la publicidad institucional busca transmitir a los ciudadanos mensajes veraces y de interés público para garantizar la eficacia de las políticas públicas y evitar la publicidad institucional en los medios que han sido condenados o pseudomedios que han difamado y publicado informaciones inexactas.

Suárez Arca aseguró, según recogió la Agencia Ical, que es “necesario” fijar unos “límites” a lo que debe ser la aportación de la publicidad institucional, que pasa por tener en cuenta los resultados de los medios de comunicación privados. “La libertad depende, necesariamente, de la independencia. Uno es libre si es independiente y el primer paso de la independencia es, probablemente, la economía”, expuso.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Nuria Rubio sacó adelante una enmienda para dotar de mayor seguridad jurídica al ejercicio de las actuaciones relativas a la publicidad institucional, ya que no se podrán llevar a cabo acciones ajenas a las competencias y las atribuciones propias de las administraciones que las llevan a cabo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel García Nieto, acusó a Vox de “censura sideral” al proponer un tope máximo de la publicidad institucional, que se limita al 33% de la cifra de negocio del medio, lo que, a su juicio, beneficiará “exponencialmente” a los grandes medios y perjudicará a los pequeños. En este sentido, puso el ejemplo del diario El País, que con una facturación de 105 millones, se podría contratar con ese periódico 34,6 millones aunque no sea el mayor medio de penetración en la Comunidad, mientras que con un medio pequeño, con una gran penetración en una comarca pero que facture 100.000 euros, solo se podría contratar 33.000 euros. “Un disparate”, concluyó, tras comprobar que la enmienda salía adelante con los votos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto.

Por su parte, Francisco Igea, del Grupo Mixto, apoyó la propuesta de Vox al señalar que hay que “garantizar” la independencia de los medios y no coartarlos por la administración pública, a base de subvenciones y campañas de publicidad. “Los medios tienen que seguir siendo independientes, libres y veraces. Uno es más libre cuanto menos depende de la voluntad de la administración”, manifestó. Por lo tanto, defendió que la enmienda, que apoyó, va a favor de la libertad, la veracidad y en contra del control de la administración pública.

Consejo de la TDT

Otra de las enmiendas debatidas esta mañana en comisión en el Parlamento autonómico fue la aprobación de una de Vox, gracias al texto transaccionado con el Partido Socialista, que suprime la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y añade una nueva disposición adicional para crear un consejo integrado por miembros de las Cortes, con representación de todos los grupos, y un portavoz de los trabajadores. La enmienda, que también salió adelante con los votos de todos los grupos salvo el PP, recoge una disposición adicional para la convocatoria de un nuevo concurso para la concesión de la televisión autonómica, por el que la Junta la deberá convocar, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, con criterios de publicidad y transparencia. Se incluye la garantía de la subrogación de los actuales trabajadores, con cláusulas sociales que garanticen sus condiciones laborales.

Nuria Rubio, del PSOE, reconoció que la enmienda ha quedado “relativamente bien”, al precisar que su grupo consideraba importante que todos los grupos parlamentarios tuvieran representación en el consejo que, a su juicio, “enriquece” la labor de control al Gobierno autonómico. “Lo más importante para nosotros es pensar en el bienestar de los trabajadores, por lo que era muy relevante que hubiera un representante de los empleados”, añadió.

Todas las enmiendas aprobadas hoy se incorporarán al artículo 1 de la ley de publicidad institucional mientras que las rechazadas se debatirán en el pleno de las Cortes. La mayor parte de las enmiendas salió adelante después de un acuerdo entre los grupos parlamentario socialista y de Vox para “mejorar” el contenido la ley y “garantizar” su adecuación al Estatuto de Autonomía.

García Nieto dejó bien claro la posición de su grupo al inicio de la Comisión de la Presidencia al señalar que las enmiendas aprobadas hoy por la oposición solo pretenden “amordazar” e “intimidar” a los medios de comunicación. Hasta el punto que aseguró que el título de la reforma de la ley debería incluir la palabra “censura” y no de publicidad institucional. Tras votar en contra de todas las enmiendas y apuntar que se reserva su defensa en el pleno de las Cortes, reiteró que lo aprobado hoy va en contra la libertad de expresión, de opinión y de prensa. “Anteponen la voluntad de censura a esas libertades básicas y principios esenciales consagrados en la Constitución”, sentenció.

García Nieto manifestó que Grupo Popular no está en contra de la modificación de la ley de publicidad institución de Castilla y León, que data del año 2009. “Con el paso del tiempo, es bueno adaptar y modernizar la normativa para favorecer la mejor y más completa información dirigida a los ciudadanos”, subrayó. En este sentido, valoró necesario que los castellanos y leoneses conozcan todos los servicios y recursos públicos que tienen a su disposición.

“Como toda norma es mejorable y se puede adaptar a los tiempos actuales, pero aunque algunas de las enmiendas, sobre todo las de UPL-Soria Ya, puedan estar justificadas en un cambio normativo, se ha propuesto en el vehículo confundido y en un marco del que no queremos formar parte”, añadió.