Los ecologistas judicializarán la caza del lobo al norte del Duero

La decisión del Congreso de los Diputados de sacar al lobo del Listado de Especies de Especial Protección (Lespre) y permitir su caza al norte del Duero no ha sentado nada bien a las organizaciones ecologistas. Así, WWF salió este martes a la palestra para advertir a las comunidades autónomas: «Llevaremos a los tribunales los planes para matar lobos que incumplan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».

Se refiere la entidad al fallo que emitió el TJUE en julio del pasado año, con un marco jurídico radicalmente distinto al actual, ya que la Unión Europea rebajó el pasado 3 de diciembre el estatus de protección internacional del depredador, después de que el Comité Permanente del Convenio de Berna votara a favor de su propuesta para relajar las normas de gestión de esta especie.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, criticó la postura de WWF en respuesta a este periódico: «La Junta de Castilla y León, en esto y en todo, es estricta cumplidora de las normas y de las resoluciones judiciales», aseveró. «Y esperamos que estos colectivos sean también respetuosos con los cambios que se están produciendo en la normativa europea sobre el régimen jurídico del lobo, y con el cambio ya producido por las Cortes Generales la semana pasada».

Sin embargo, WWF no se apea de su postura: «Nos hemos dirigido por carta a las Comunidades Autónomas con poblaciones de lobo al norte del Duero advirtiendo de que matar lobos es ilegal mientras la especie se encuentre en un estado de conservación desfavorable a nivel nacional, de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales nacionales y europeos». Olvida señalar la organización proteccionista que la UE ha considerado favorable el estado de conservación, según los últimos datos de censo de estos cánidos elaborado por un ejército de técnicos.

«Llevaremos a los tribunales cualquier plan de las Comunidades Autónomas para matar lobos que incumplan las leyes europeas», apunta WWF, en un giro para decir una cosa y la contraria, ya que habrá que dilucidar muy bien qué planes de caza incumplen las leyes a partir de ahora.

«En este contexto, anunciamos que llevaremos ante la justicia cualquier plan que incluya cupos de caza o captura de ejemplares, una estrategia que además se ha demostrado inútil para reducir los ataques a la ganadería», añaden desde la organización.

«Tras la maniobra legislativa en el Congreso de los Diputados para sacar al lobo del Lespre, comunidades como Cantabria y Asturias han anunciado su intención de aprobar planes que incluyen la matanza de hasta el 20% de sus poblaciones de lobos ibéricos. Sin embargo, denunciamos que estas acciones incumplen la normativa europea, pues el hecho de que una especie de fauna sea gestionable –que no esté estrictamente protegida– no elude la obligación de mantener sus poblaciones en un estado de conservación favorable», algo que, según WWF, «no sucede en España».

Sentencia

La organización esgrime la citada sentencia del TJUE de julio de 2024, que anuló el plan de Castilla y León que permitía la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022 al norte del río Duero. El fallo estableció –en pleno vigor del lobo en el Lespre, donde lo introdujo la ministra Ribera en 2021, lo que no ocurre ahora–, que «el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable».

WWF menciona como «último informe poblacional» del lobo el remitido por España a la Unión Europea en 2019, según el cual el lobo se encuentra en el país «en un estado desfavorable-inadecuado». Olvida WWF que ese censo se acaba de actualizar, y que el nuevo censo de 2025 acredita que el lobo ha crecido de forma importante no solo en el mapa de las tradicionales comunidades loberas, sino que se ha extendido al sur de la península.

Según ese último censo, presentado el pasado 11 de noviembre en la Comunidad, el lobo se multiplica en Castilla y León y las manadas se expanden por todo el territorio. Tanto, que por primera vez han colonizado las comunidades de Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha desde Ávila, Segovia y Soria, y se extiende hacia el sistema ibérico. En las nueve provincias de la Comunidad viven al menos 193 manadas, cuando en el recuento anterior, de los años 2012 y 2013, había solo 158.