El Procurador del Común carga contra la Junta por la falta de acceso a la vivienda entre los jóvenes

El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucionalmente reconocido que, en el caso de los jóvenes, requiere una «atención especial» a la vista de que cada vez son más y mayores los obstáculos que encuentran y que impiden «su emancipación, la formación de una familia y, en definitiva, su independencia y autonomía plena como adultos». De esa preocupación nace la última actuación de oficio publicada por el Procurador del Común, en la que Tomás Quintana reclama a la Junta «medidas oportunas» que «faciliten el acceso de los jóvenes a una vivienda», ya sea de alquiler o en propiedad. Tras analizar los «datos desalentadores» en Castilla y León, recuerda a la Junta que suya es la «competencia exclusiva» en esta materia y que «no cabe la pasividad».

Urge así al Ejecutivo a «impulsar decididamente las políticas públicas en materia de vivienda, de forma coordinada con el resto de Administraciones públicas competentes, articulando las medidas oportunas que faciliten el acceso de los jóvenes a una vivienda, como presupuesto indispensable para lograr su autonomía personal y permitir su integración social y profesional».

Considera el ‘defensor del pueblo’ de Castilla y León que el Estado Social no puede excluir a nadie del derecho a la vivienda, «siendo inexcusable la obligación de todos los poderes públicos de adoptar medidas normativas y de gestión» para garantizar ese derecho.

«Lo que no cabe en ningún caso, y así entendemos que es compartido por la Administración a la que nos dirigimos, la pasividad sobre la base de que no es posible llevar a cabo políticas activas a causa de una presunta imposibilidad de gasto de las Administraciones públicas concernidas», reflexiona el Común. «Más bien al contrario», prioriza esas políticas al estimarlas «necesarias, incluso por encima de otras», solicitando un «incrementar el presupuesto destinado a políticas públicas de vivienda» al tratarse de una cuestión «imprescindible, de interés público».

Aun reconociendo las medidas existentes en Castilla y León, el Procurador del Común insiste en que Castilla y León «intensifique sus esfuerzos» para corregir la situación, tanto con el «impulso de los instrumentos legales» ya previstos en la normativa como con «otros de nueva implantación», como «la ampliación del parque público de viviendas o el establecimiento de instrumentos fiscales que estimulen, a través de incentivos u otras medidas tributarias, la puesta en circulación de viviendas en alquiler como opción de alojamiento residencial, así como la puesta en el mercado de las viviendas vacías».

Enumera Quintana «diversos factores» que «condicionan» ese acceso a la vivienda, como «la inseguridad e inestabilidad de los jóvenes en el mercado laboral, la precariedad salarial, el incremento de los precios de la vivienda, el limitado acceso a los créditos bancarios ante las dificultades para acreditar una fuente de ingresos estable, los reducidos ahorros disponibles o los costes del alquiler». Y añade que esa situación ha «empeorado» por los efectos económicos derivados de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Esas necesidades son constatadas a menudo por el propio equipo de Quintana, puestas en «evidencia» con frecuencia durante sus investigaciones, tanto las surgidas a raíz de las quejas presentadas por algún ciudadano como en el marco de sus actuaciones de oficio.

El Común comienza su investigación con una radiografía de la situación a partir de los «datos desalentadores» del Observatorio de Emancipación Juvenil, con una tasa de emancipación algo inferior aquí que en España y un aumento del desempleo juvenil.

«Para alquilar una vivienda, con un precio medio al mes de 616 euros a finales del 2023, el precio más caro registrado, una persona joven tenía que destinar el 63,6% de su salario medio neto mensual, fijado en 967,93 euros». Para la compra, ese porcentaje roza la mitad del sueldo (el 49,9 %), sobrepasando en ambos casos el umbral de sobreendeudamiento», continúa Tomás Quintana. Además, la compra requiere un ahorro previo, antes de formalizar una hipoteca, «de 2,8 veces el salario anual percibido por una persona joven».

Añade que, «junto a una coyuntura laboral preocupante, en el año 2023 los precios de la vivienda en el mercado libre siguieron en ascenso». Los alquileres aumentaron 8,5 puntos más en un año. El precio más caro de las habitaciones en alquiler era el de Burgos y el más bajo en Palencia y Zamora. En régimen de compraventa, los precios también se encarecieron en Castilla y León un 2% en un año (la provincia más cara es Valladolid y la más barata, Zamora).

Durante esta investigación, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio envía al Procurador un informe donde repasa los cambios normativos y las medidas de apoyo para el acceso a la vivienda desde el Ejecutivo autonómico. Cita así programas como ‘Mi primera vivienda’ para facilitar el acceso a un préstamo ante la falta de una entrada para pedir la hipoteca o las sucesivas convocatorias de ayudas al alquiler, entre otras.

El propio Procurador «pone en valor» otras iniciativas como el plan Tuya de acceso a la vivienda para jóvenes en el medio rural , el programa Rehabitare para recuperar inmuebles en desuso propiedad de los ayuntamientos. Esfuerzos todos ellos bienvenidos pero que no resultan suficientes en el contexto actual para cubrir las necesidades residenciales que hagan «real y efectivo» el derecho «constitucionalmente reconocido a una vivienda digna y adecuada».