Amenaza de desahucios en Burgos: «No somos okupas. Somos gente normal que está pagando el alquiler»

La oficina central de Correos en Burgos registró ayer por la tarde un trasiego mayor del habitual. Hasta allí se acercó un nutrido grupo de inquilinos de las calles Calzadas,Segovia y avenida Cantabria que intentan paralizar su desahucio por todas las vías posibles. Por recomendación del Sindicato de Vivienda, enviaron burofaxes de manera individual solicitando una prórroga de dos años. Y lo hicieron, obviamente, amparándose en el Real Decreto del Gobierno aprobado a raíz del caso de Maricarmen que garantiza este "balón de oxígeno" a los arrendatarios que lo reclamen.

De las más de 100 familias afectadas, solo 24 han dado el paso por ahora. En concreto, aquellas cuyos contratos vencen antes del 31 de diciembre de 2028. El resto tendrá que esperar, aunque todos los afectados comparten la misma "incertidumbre". Sobre todo los vecinos de mayor edad, "gente de 90 años e incluso una persona de 102".

"Intentamos dar ánimo a la gente, pero la situación pinta mal", señala una de las inquilinas, Carmen María Pérez, al desconocer "cuáles son las intenciones" de la empresa propietaria de los inmuebles, AltexaSPV2026. Salvo una videollamada en julio, los vecinos de Calzadas no han vuelto a tener "ningún contacto" y lo único que saben, a día de hoy, es que "han dicho tajantemente que no van a renovar".

Pese al respaldo social y mediático de su problemática, Pérez asegura que los vecinos continúan "muy preocupados". "Hablamos de gente que lleva 70 años viviendo en su casa. No somos okupas. Somos gente normal que está pagando aunque nos quieran hacer parecer eso", lamenta a sabiendas de que, ahora que afloran este tipo de situaciones, "parece que todo el mundo tiene que estar abocado a comprarse una casa".

Una vez formalizado el cambio de la propiedad el pasado mes de mayo, no tardó en confirmarse que la única manera de evitar el desahucio era comprar las viviendas. Tal y como relató a este periódico una de las vecinas conminada a abandonar su domicilio el 22 de noviembre como tarde, el precio que le ofrecían eran 217.000 euros.

Con la ley en la mano y siendo plenamente conscientes de que la empresa debe responder al burofax, los inquilinos de Calzadas esperan que "se ponga freno a lo que se está haciendo con el tema de la vivienda" más allá del Real Decreto. Su estrategia, dadas las circunstancias, consiste en pelear de manera colectiva para "conseguir la renovación de todos los contratos de manera unánime". Según relata Adrián, del Sindicato de Vivienda, la empresa que se hizo con la propiedad de sus inmuebles dejó clara su intención, en la videollamada de julio, que «querían negociar individualmente con cada uno».

Después de la asamblea celebrada el viernes, los vecinos no solo acordaron la visita grupal a Correos. También dieron el visto bueno a la solicitud de una "mesa de negociación colectiva" con Altexa. Para ello, recibirán asesoría jurídica por parte de profesionales adheridos a la organización que respalda sus reivindicaciones.

A expensas de que la propiedad se pronuncie, Pérez recuerda que "nuestras viviendas están anunciadas en portales de internet, creando expectativas de cuánta gente quieren comprar." Por otro lado, agradece el "apoyo" que les está prestando el Sindicato de Vivienda porque "no está dando visibilidad y han facilitado que nos podamos reunir".

Desde el Sindicato, mientras tanto, el objetivo -como mínimo- es conseguir que todos los afectados renueven sus contratos por un plazo de siete años con una prórroga de tres.Es decir, lo máximo que contempla la ley.