Expulsan de Miranda de Ebro a un extranjero con antecedentes por violencia de género y robo

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro (Burgos) detuvieron, en cumplimiento de la vigente Ley de Extranjería, a un individuo extracomunitario con Decreto de Expulsión de España dictado por la Subdelegación del Gobierno en vigor, al contar con antecedentes policiales por violencia de género y robo con fuerza.

Según informaron fuente policiales, el detenido fue trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid a la espera de los trámites documentales para su efectiva expulsión de España. Según la legislación, le espera una prohibición de entrada en territorio español y resto del espacio Schengen de entre cinco y diez años, informa Ical.

Por otra parte, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, se han llevado a cabo recientemente otras cinco inspecciones a diferentes establecimientos situados en la misma ciudad. Se trata de actuaciones enmarcadas en el Convenio existente entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que coordina la acción operativa en materia de lucha contra el empleo irregular y la explotación laboral, así como el fraude a la Seguridad Social.

En concreto, en el interior de un establecimiento de hostelería se identificó a un ciudadano extracomunitario, quien se encontraba trabajando de cocinero careciendo de Autorización de Residencia y Trabajo. En otra de las intervenciones, en este caso en un taller de vehículos, cuyo responsable ha sido sancionado ya en dos ocasiones previas por hechos similares, se localizó a otro ciudadano sin documentación que habilite a residir ni trabajar legalmente en España, quien en ese momento ejercía como mecánico en el interior del mismo.

A ambos extranjeros se les ha incoado expediente administrativo por estancia irregular, en cumplimiento de la vigente Ley de Extranjería. Por su parte, los responsables de los establecimientos se enfrentan a infracciones muy graves previstas en la misma ley, con sanciones económicas que parten desde los 10.000 euros por cada trabajador ocupado.